La docente e investigadora de la Universidad Externado expresó a Directo Bogotá sus percepciones frente a situaciones sociales del país como el asesinato a líderes sociales en Colombia.
Donka Atanassova ha realizado trabajos con comunidades a lo largo de los cerros orientales de Bogotá, con recicladores de la comunidad de Kennedy, con mujeres y con pobladores urbanos.
Donka Atanassova // Foto cortesía de Donka Atanassov
Colombia está entre los cuatro países más letales para defensores de derechos humanos; así lo afirmo la organización Amnistía Internacional en su informe ‘Ataques letales pero prevenibles’, presentado el 5 de diciembre. La publicación indica que las amenazas y los asesinatos a líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos han aumentado desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.
La cifra de homicidios de este tipo en 2017 es difusa; algunos medios aseguran que se encuentra entre los 50, mientras que otros afirman que han sido 120. Según la ONG Somos Defensores, “la mayoría de los líderes han sido asesinados en el sur del país, en donde ganó el Sí en el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz”. Ejemplo vivo de lo anterior es el asesinato de la líder comunitaria Yeni Montaño en Tumaco hace aproximadamente un mes.
Esta problemática resulta ser un obstáculo para el posconflicto, debido a que no se sabe con certeza cuántas víctimas son, ni quiénes son los responsables de estos crímenes. También es complejo el hecho de que uno de los propósitos principales del proceso de paz era proteger la vida de los que defienden sus ideales políticos y sociales, y el gobierno no está garantizando su protección. Los pronunciamientos son escasos y la solución a la problemática es nula, ya que las amenazas y los asesinatos continúan.
En el marco de la salida del conflicto, la ONU ha hecho varios llamados a la sociedad acerca del asesinato de líderes sociales, y aseguró que “los casos se han dado en zonas en donde las Farc tenían una influencia de un 65 por ciento, pero se ha dado en un 100 por ciento en zonas donde había economías ilícitas”.
Donka Atanassova ha dedicado su vida académica y profesional a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Llegó al país proveniente de Bulgaria debido a que trasladaron a su padre, ministro plenipotenciario de Bulgaria en Bogotá, pero tuvo que quedarse para terminar el bachillerato.
Por circunstancias de la vida y por su aferro a las problemáticas sociales, se quedó en el país para estudiar sociología en la Universidad Nacional e hizo una maestría en estudios políticos y económicos en la Universidad Externado. Fue directora de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y candidata del partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes. En cuanto a trabajos con comunidades, ha participado en proyectos e iniciativas con poblaciones de los cerros orientales, con recicladores de la localidad de Kennedy y con mujeres y pobladores urbanos de diferentes regiones del país.
Donka, especialista en procesos comunitarios, habló con Directo Bogotá acerca del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia y la coyuntura política y social del país.
Directo Bogotá (D.B): ¿Bajo qué circunstancias llegó usted a Colombia?, ¿por qué escogió este país?
Donka Atanassova (D.A): Yo llegué a Colombia en el año 93, porque mi papá fue ministro plenipotenciario de Bulgaria aquí. Cuando conocí el mundo de las organizaciones sociales en Bogotá y en diferentes regiones del país me enamoré de Colombia. Me generó mucha admiración que, a pesar de todas las condiciones de desigualdad, de la violencia y de la pobreza, la gente fuera capaz de organizarse para gestionar los temas de interés de su comunidad.
D.B: ¿Qué trabajos ha desarrollado con líderes comunitarios?
D.A: He trabajado con comunidades a lo largo de los cerros orientales de Bogotá, inicialmente alrededor de temas de ordenamiento territorial, de gestión territorial y de fortalecimiento comunitario. También he desarrollado trabajos con comunidades de recicladores en la localidad de Kennedy, con mujeres y con pobladores urbanos. En general, he tratado con gente que se organiza para gestionar mejoras en la vida comunitaria y una capacidad de participación política mayor. Nosotros tenemos una consigna que dice “Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros”, porque pensamos que la gente que trabaja día a día por su bienestar y el de su comunidad tiene todo el derecho de participar en las decisiones que la atañen.
D.B: ¿Cuál cree que es la razón por la que, en 2017, haya aumentado la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia?
D.A: Es todo un modus operandi histórico en Colombia que quienes alzan su voz para defenderse de una acción que consideran injusta son perseguidas constantemente. Además, una guerra de 50 años implica la construcción de una economía política de la guerra que, casi siempre son ilegales, como el narcotráfico, contrabando y acciones que generan remuneración económica por lógicas de control territorial (también es cierto que hay una tradición muy alta de trabajo informal). Las comunidades empiezan a tener una presencia injusta de un Estado al que no le importan algunos territorios y se empieza a generar una economía informal regulada por los actores armados y la guerra..
D.B: ¿Qué otras razones considera fundamentales para que esto haya sucedido?
D.A: Cuando se es un trabajador informal en algún territorio se tienen que pasar por muchas zonas de guerra (en donde hay un posicionamiento geoestratégico de los actores armados peleando por el control de un territorio), se termina siendo una persona de riesgo involucrada en las lógicas de la guerra. Cuando los actores deciden desarmarse, las economías entran en un sacudón, ya que los reguladores ya no estarán y eso hace que terceros noten un vacío y entren en una dinámica de competencia. El acuerdo de paz busca dar una solución integral al problema de las drogas que va desde proponerles sustitución de cultivos a los campesinos, hasta generar un plan de persecución efectiva a quienes manejan el negocio del narcotráfico. En ese contexto, muchos líderes y comunidades resultan golpeados por sus ansias de cambiar el tipo de economía.
D.B: ¿Podría identificar causas ideológicas de esta problemática?
D.A: Hay posturas sectarias e intransigentes que no permiten que la insurgencia represente un actor político, ya que consideran que tienen ideas comunistas que son malvadas para la sociedad. Hemos tenido una derecha que piensa que la contraparte no debería existir (cosa muy grave para la situación de cualquier país). Una derecha que ha convertido el discurso anti-izquierda a un relato de condena de muerte. Este país necesita reconciliación, la cual implica aceptar las distintas ideas y dar voz a la gente. Si se le pregunta a la gente acerca de la opción que quiere, seguramente escogerá propuestas que tengan que ver con mayores niveles de igualdad, más justicia y mejores condiciones de trabajo.
D.B: ¿Qué otros aspectos políticos considera que influyen en esta realidad?
D.A: Las élites políticas se sienten amenazadas porque saben que si se le da voz a la persona del común, pueden perder su forma de reproducción de vida material. Ellos han aprendido a vivir del Estado y acceden a la eliminación física de aquel que las amenaza.
D.B: ¿Piensa que el Estado realiza una labor eficiente para proteger la vida de estas personas?
D.A: Claramente no. No existe el primer resultado frente a decirnos quién está matando a la gente. Pienso que se puede hacer mucho más para proteger los tejidos sociales. Lo que ha pasado en Tumaco, Buenaventura, Chocó, nos hablan de que la gente siente que no hay espacios para decir lo que piensa. Aquí no ha habido un cumplimiento de los acuerdos de movilización social y la gente sigue viviendo en unas condiciones paupérrimas de vida. Creo que la solución es iniciar una ruta de trabajo colectiva.
D.B: ¿Por qué cree que existe el pensamiento de que los líderes sociales van en contra de instituciones como la policía o el ejército?
D.A: Más que un pensamiento de que los líderes van en contra porque sí, tiene mucho que ver con la sensación que existe en la sociedad de que el Estado representa una institución que no cumple, que no es legítima y que está liderada por gente corrupta. La sociedad piensa que el ejército y la policía son expresión de ello mismo. Estas instituciones fallaron en permitir actividades ilegales en los territorios como el paramilitarismo.
D.B: ¿Qué opina acerca de la Justicia Especial para la Paz (JEP)?, ¿cree que existe impunidad en los acuerdos de paz?
D.A: Es una herramienta muy útil si se le diera cumplimiento como está estructurada. La situación real es que el Estado y las Farc tuvieron que sentarse a negociar porque ninguno de los dos pudo ganar la guerra. Lo que hacía la JEP era determinar a todos los involucrados en la guerra, pero ahora se le ha dado una nueva interpretación en la cual se considera sólo a uno de los dos actores. Básicamente impunidad es que el país no pueda contar con una versión de lo que pasó; es decirle a un empresario responsable de la muerte de cientos de trabajadores que no tiene que pagar nada por lo que hizo.
D.B: ¿Cree que está bien que las Farc puedan hacer política sin haberse acogido a la justicia transicional?
D.A: Lo que debería hacerse es el acuerdo como está firmado aterrizado al contexto. Las Farc estuvieron en las armas 50 años pero justamente porque pensaron que en el país no había apertura política, entonces debería buscarse un mecanismo intermedio (que está presente en la JEP) para solucionar este conflicto.
D.B: Para terminar, ¿cómo ve el futuro del país, teniendo en cuenta que el próximo año son elecciones presidenciales?
D.A: El país está viviendo un momento muy importante ya que hay cambios en ejes estructurantes que implican la posibilidad de que se generen cambios cambios, o que por el contrario, continúe en la misma intolerancia. Colombia decide si cambiar o mantenerse en un ciclo que no ha podido cerrar.