La corrupción desangra el Sistema de Salud colombiano y avanza alarmantemente tanto en el sector público como en el privado
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), reveló que en el estudio Rasgos Distintivos de los Sistemas de Salud en el Mundo 2017, Colombia ocupa el puesto 48 del ranking, con un índice de 80.6 sobre 100. Sin embargo, aunque estas cifras no resultan tan desalentadoras la realidad de las fallas en las estructuras del sector de salud en Colombia dejan grandes repercusiones a nivel social y económico.
Como afirma La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) el déficit presupuestal del sector de salud para 2017 fue de $5,5 billones y la deuda de hospitales y clínicas superó los $7 billones. El informe de rendición de cuentas del Ministerio de Salud del gobierno del expresidente Santos, reveló que el gran problema que aqueja el sistema radica en que, aunque la demanda de servicios en este campo crece hasta un 30% anual, los recursos se mantienen estáticos, sin contar que este año el Estado aprobó cerca de $43,5 billones en inversiones de salud, sin embargo, hay un faltante de por lo menos $1,5 billones.
El presupuesto general de la nación ha destinado 3,3 billones de pesos del rubro para financiar la cobertura en salud de 47 millones de colombianos. Cifra que tuvo un significante desenso respecto al 2017, cuando fue de 4,2 billones. Aún cuando el rubro no cubre las necesidades totales del sistema de salud y el sector se financia en más del 75 % con recursos públicos. Actualmente, la complicada situación del sistema de salud se encuentra agravada por la corrupción. En el último año, se han hecho públicos un sinnúmero de casos de corrupción desde todas las aristas del sistema: pagadores, prestadores, profesionales, trabajadores, afiliados y pacientes.
Aunque los recursos públicos son sagrados y más los del sistema de salud, esto no ha evitado que sea proclive a los robos y estafas. Los factores principales que hacen a este sistema tan suceptible a la corrupción son la fragmentación y descentralización en los diferentes departamentos y municipios del país, lo que dificulta el control de los recursos públicos. De modo que la supervisión del sector se encuentra a cargo de 63 contralorías y cada una de estas interpreta diferente el manejo de los recursos del sistema de salud.
En la mayoría de los casos de corrupción se desvían recursos de la salud para otros intereses, lo que desemboca en la aparición de carteles como el de la hemofilia, el síndrome de Down, el SIDA, las gafas y de los tratamientos odontológicos. La alarmante realidad es que estos desfalcos al sistema no involucran únicamente a políticos regionales, también están presentes en los hospitales de los diferentes municipios, en los que se desvían los fondos y adicionalmente, en algunos casos no hay entidades gubernamentales que identifiquen y reporten a tiempo estas anomalías. De 2017 a 2018, La Fiscalía General ha judicializado al menos a 203 personas entre funcionarios públicos y particulares que están relacionados en estos casos de corrupción y que les han costado a los colombianos $451.225 millones, destinados para su propia salud. Tal parece que el presupuesto nacional correspondiente al sector de la salud es uno de los más anhelados para los corruptos.
En cuanto a los hospitales públicos, algunas de estas entidades lejos de prestar servicios integrales de salud, son las figuras bajo las cuales se desangra el sistema. Desde la elección de sus directivos, hasta las contrataciones con sobrecostos y recobros. Sin embargo, en este panorama sombrío y poco claro, hay acciones que alivianan el peso, por ejemplo, la reciente aprobación de presupuesto para construir el Hospital de Usme con un costo aproximado de $290.000 millones.
A propósito de la reciente elección del Contralor General de la nación, Carlos Felipe Córdoba, los colombianos, desalentados e incrédulos ante las instituciones colombianas, reclaman una supervisión cuidadosa y detallada de los recursos públicos y del buen funcionamiento y fortalecimiento de los diferentes ministerios, en especial del Sistema nacional de salud y protección social.