La COVID-19 está haciendo que Colombia reluzca sus graves fallas estructurales y la sociedad por fin vea y sienta, sin importar distinción alguna, como este sistema es incompetente y fallido.
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Esta crisis no es solo sanitaria, es social y económica. Una crisis que variará dependiendo de cómo el virus impacte en la economía de cada país y cómo la afecte a futuro. Si no hay una economía participativa y estable, menos serán las posibilidades para un país de combatir una pandemia que demanda, como mínimo, servicios básicos. Italia, por ejemplo, hace parte del grupo G-7, que son países con alto peso e influencia política y económica en el mundo, sin embargo, hoy tiene más de 162.488 contagiados y 21.067 muertos por la COVID-19 (14 de abril) y un sistema de salud colapsado junto con una una economía estancada.
Colombia, con todas sus desventajas está arrojando una luz despiadada sobre las fallas del sistema. El país viene, desde décadas, violando lo que en su Constitución proclama como un Estado social de Derecho. Este caos mundial pudo tener menores consecuencias y no tornarse en una pandemia complementada por una crisis económica si no existieran unas fallas estructurales y los gobiernos no primaran el capital sobre la salud de las personas. Las grandes potencias económicas han demostrado que ser grandes imperios capitalistas no es suficiente para enfrentar una crisis sanitaria como en la que estamos.
Estados Unidos, por ejemplo, tan solo cuenta con alrededor de 45,000 camas de cuidados intensivos para 2.9 millones de estadounidenses que podrían necesitar atención en UCI. Por el contrario, según La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) en Colombia, de las 5.300 camas de UCI que hay, solo 750 camas sirven para manejar pacientes con Covid-19 aislados como corresponde en los hospitales. Además, en EE.UU, así como en Colombia, la crisis impactará de manera particular en zonas rurales, municipios o pueblos, donde la asistencia sanitaria es escasa y precaria.
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Sin embargo, evidenciar cómo el sistema de salud en Colombia puede ser insuficiente frente a la crisis no es una posibilidad, es una realidad que ha padecido el país desde hace décadas, por no decir desde siempre. La más reciente reforma a la salud, la ley 100, fue la apertura a la mercantilización de la salud. No hay que citar cifras sino remitirnos a la cotidianidad donde vemos como rutina nacional a personas muriendo por la negligencias burocráticas de las EPS. Es así como la gente muere en los pasillos de los hospitales esperando ser tratados o peor aún, el traslado que les permita el acceso al derecho a la salud consagrado en la Constitución como fundamental.
La crisis en la salud resulta entonces no ser un tema novedoso para el promedio de la población, con excepción por supuesto, lo será, para quienes poseen ingresos superiores a un salario mínimo -es decir para el 15% de la población que gana más de dos salarios mínimos, según el Dane- y que tendrían la capacidad de acceder a una salud privilegiada: la prepagada. Ningún virus distingue entre estratos sociales, raza o religión y en un futuro cercano no importará si es salud subsidiada o prepagada cuando escaseen las camas, los ventiladores y el personal médico, ahí nos daremos cuenta del déficit en salud que tiene Colombia y la importancia de la protesta social como el gran Paro Nacional de noviembre, donde una de sus exigencias era un sistema de salud gratuito y de calidad.
Moraleja: Las protestas sociales no son para exigirle al Gobierno carros, joyas o todo regalado como muchos manifiestan, ¡NO!, son mecanismos para exigir garantías en los derechos básicos, como una salud o educación de calidad.
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Y miramos entonces que la cuarentena además de ser una medida extrema para evitar la propagación del virus por supuesto, lo es, para salvar la economía. Pero, cómo le decimos a la mayoría de la población en Colombia que no salgan y twiteen #YoMeQuedoenCasa desde las comodidades de su hogar cuando estamos en una sociedad que tiene el 63% de informalidad de la población económicamente activa, según investigación de el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Universidad EAI de Medellín.
Colombia es un país con altos índices de pobreza, desigualdad social y económica y, el sistema en sí, no posee políticas públicas claras y eficientes que ayuden a mitigar la pobreza e informalidad laboral. En parte, porque la tasa de desempleo vienen en aumento. No más para el mes de enero de este año, la cifra ya estaba en 13,0%, según el Dane. Conflictivo entonces, presidente Duque, pensarse en medidas preventivas aisladas como la cuarentena que son racionales para combatir el virus, pero irracionales para el contexto colombiano.
Moraleja: El individualismo nos tenía sesgados; para unos, vivimos en un país perfecto, para otros, cada día es una lucha constante. Debemos entender las problemáticas no desde el individuo sino desde el sistema en sí, es decir desde las instituciones, desde el Estado: una persona pobre, no lo es si no existe unas lógicas externas que lo limitan y agravan.
En este punto, la corrupción cobra vida, mucha. Cuando hablamos de estas deficiencias estructurales es porque esta es una de las causas del deterioro de los sistemas. Por ello, hoy más que nunca, este gran leviatan saldrá directo y sin piedad a decirnos que Colombia no tiene el músculo fiscal suficiente para poder proteger económicamente a toda una sociedad. No seremos una Italia en esta crisis, donde congelen los pagos de hipotecas hasta 18 meses o como Estados Unidos, que ha destinado otros 300.000 millones de dólares para asistir el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas. Recordemos, la economía colombiana depende de todo el mundo menos de la interna. Somos dependientes del petróleo y lo poco que hay o se invierte en la prioridad número uno del Gobierno: en el conflicto armado o, termina en bolsillos inescrupulosos.
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Moraleja: Sin embargo, las tibias ayudas que ha dado el Gobierno para combatir al Covid-19, han demostrado que el desarrollo de políticas públicas rápidas y asistenciales, son posibles. El problema es: falta de voluntad política.
Un sistema educativo fallido, que no contempla niveles de desigualdad económica y social engendradas en su mayoría desde la familia, está evidenciando en medio de la crisis, lo que se traduce en fallas estructurales más denigrantes y profundas traducidas en un sistema desigual y obsoleto. Se estima que al menos siete millones de hogares y 15 millones de colombianos no tienen aún acceso a redes de internet lo cual revela que para esta población el teletrabajo o una educación virtual son opciones ajenas a sus condiciones. Es decir, en el país los derechos fundamentales, como la educación, no solo son privilegios reflejados en el acceso a una entidad educativa sino que una vez allí, las desigualdades que fueron suplidas fantasiosamente para ingresar se profundizan en el desarrollo cuando los y las estudiantes, en medio de esta crisis, no poseen los medios de producción necesarios para poder seguir recibiendo su derecho a la educación. Y entonces, vemos una brecha estudiantil: con un sector con la facilidad y comodidad de estudiar desde sus casas y otros, sin la capacidad para continuar sus estudios en óptimas condiciones.
Además, la falta de voluntad política por fortalecer la educación (incluido el estímulo a la ciencia y la tecnología) en Colombia, que viene de una deuda histórica de desfinanciamiento e indiferencia, hace que hoy no sea posible ser un país que desarrolle modelos médicos como respiradores que hoy tienen al mundo solicitando como prioridad estos artefactos para asistir al virus y a Colombia, particularmente dependiente de las importaciones.
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El virus poco a poco nos irá mostrando cuán mal estamos en el país. Los discursos por fin tendrán en la praxis sustentación. Toda la sociedad se verá amenazada no solo por el virus sino también por la dependencia en la garantía de sus derechos y a su vida misma a un Estado que mostró que lo más importante para la gente era la tal llamada seguridad democrática y que no solo sufrimos a causa de la guerra surgida en la Colombia rural sino por un sistema fallido que, así como en su momento generó un conflicto armado, genera muertes estructurales: indiscriminada y perfecta. Lograr satisfacer las necesidades básicas de la sociedad debe ser una prioridad de este Gobierno, no solo para una mejora de la calidad de vida sino para aplanar, en este caso, las lineas de violencia.
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