Por: Daniela Becerra // Redacción Directo Bogotá
Las movilizaciones sociales de las últimas semanas en el país han suscitado muchas discusiones acerca del uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. No obstante, también debe discutirse una versión aún más cruenta de estos abusos estatales, dirigida a las mujeres y propia de los conflictos armados de nuestro país: la violencia sexual.
El pasado 28 de abril iniciaron movilizaciones en todo el país en rechazo a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Según la Central Unitaria de Trabajadores, en más de 500 municipios del país hubo movilizaciones. Y desde ese día no han cesado las protestas. Aunque cayó la reforma tributaria, los motivos para seguir marchando crecen, al igual que los usos desmedidos de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad. La reforma laboral, pensional y a la salud son otras de las razones de la continuación del paro.
Aunque en los medios de comunicación colombianos el paro nacional parece ser un problema de orden público, vandalismo, desabastecimiento y delincuencia, las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía colombiana le están dando la vuelta al mundo. Medios como The Guardian, El País de España, The New York Times y CNN son algunos de los muchos que han indagado sobre la situación colombiana, más allá de los daños materiales por parte de manifestantes. En ciudades como Nueva York, Londres, Madrid, Bruselas y Montreal, entre otras, se han visto multitudinarias movilizaciones de apoyo al paro nacional.
La violencia ha sido, infortunadamente, una constante de estos días de protesta. En Cali, la ciudad más perjudicada por esta, el presidente Duque les sugirió volver a sus resguardos a los indígenas de la minga, atacados no solo por miembros de la policía, sino también por civiles armados. El mandatario ordenó también un mayor despliegue de fuerzas. Asimismo, la ONG Temblores registró que entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021 existieron 2110 casos de violencia policial, 39 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía y 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
Todo lo anterior demuestra que salir a ejercer el derecho a la protesta social en Colombia es peligroso. Pero ¿qué tan peligroso es para una mujer? En Colombia el 51.2 % de la población son mujeres, y en los primeros tres meses del año 2021 se presentaron 37 feminicidios en el país (un aumento del 8,8 % con relación al año pasado, según la Fiscalía). Además, la ONU señala que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual o física. Ahora bien: ¿cómo se vive el paro siendo mujer?
En 16 días de manifestaciones, se han registrado 16 casos de víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Por otro lado, según Temblores (con datos de Medicina Legal), de 2017 a 2019 se registraron 241 casos de abusos sexuales cometidos presuntamente por integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía. La violencia sexual en Colombia como arma de guerra no es nueva, pues, según la Unidad para las Víctimas, de 1985 a 2019 26 534 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia.
En el conversatorio Feminismo antimilitarista, presentado por la organización feminista Qlicagadas durante el paro, se resaltó que la violencia sexual en el contexto de la guerra colombiana ha sido reclamado como una victoria por los victimarios. Es importante tener en cuenta que en Colombia todos los actores armados utilizaron este tipo de agresión como herramienta para someter, humillar e imponer terror en su oponente. ¡Las mujeres no somos botines de guerra!
Los cantos militares del batallón Ayacucho, en Manizales, ejemplifican cómo esta no es una problemática aislada, sino todo lo contrario: es sistemática e institucional. La periodista Adriana Villegas Botero denunció que ese batallón entonaba cantos en sus entrenamientos que violentaban a las mujeres de manera simbólica mediante frases misóginas y tolerancia o admiración hacia actos de violencia.
Por todo lo anterior, no es sorpresa que en las movilizaciones de las últimas semanas la violencia sexual sea utilizada nuevamente como un arma. Quizá les sea útil y eficaz, pues, como se concluyó en el conversatorio, en muchas ocasiones violentar a una mujer es enviarles un mensaje a muchas esparciendo el miedo. Asimismo, el mensaje no solo lo envía quien ejerce la violencia, sino también la institución a la que pertenece el victimario. En una publicación de Facebook, Diana Díaz narró cómo fue detenida por miembros del ESMAD en Cali, el 30 de abril mientras marchaba: “Se acercó uno del Esmad y abusó de mí en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer”.
También quedó registrado en video el momento en que un agente del Esmad detiene a una mujer y sugiere a su compañero: “¡Déjela pasar, hágale lo que quiera y déjela pasar!”. La mujer reclama, pero el sujeto le contesta que ella no debería estar allí. Diana Díaz recibió similares comentarios por parte de los agentes: “Si no quiere que nada le pase, ¿por qué no se queda en su casa?”; “si no le gusta, ¿para qué viene a las marchas?”. Estos discursos imponen la culpa sobre las víctimas por el solo hecho de estar allí y no en el victimario por violentar, de la misma manera que lo hacen otros comentarios, como “es que llevaba minifalda” o “¿qué hace una mujer sola a esas horas de la noche?” en casos de violación.
Durante las movilizaciones del 12 de mayo en Popayán, una menor de edad denunció a través de redes sociales que fue víctima de abuso sexual; señaló que fue detenida esa noche en una URI, donde cuatro uniformados la agredieron. Posteriormente la menor se suicidó. Aunque, según RCN Radio, la policía niegue lo sucedido, es importante que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que dé con la verdad, los responsables y verdadera justicia.
La impunidad perpetúa la violencia, por eso es tan importante que las víctimas sean escuchadas y reconocidas, y por eso mismo deben ser señalados también los victimarios, para que respondan por sus delitos. Sin embargo, más que responsabilizar a cada uno de los victimarios, es importante reformar desde el interior aquella institución que forma individuos que usan la violencia sexual como un arma de guerra.
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