Tras atropellos de la policía, los vendedores informales de la Candelaria piden al gobierno que sus derechos fundamentales sean respetados por medio de la implementación adecuada de la política pública.
Barrio La Candelaria // Bogotá // Imagen tomada por Pablo Taborda
La política pública, con respecto a los vendedores informales, es un proceso que cumple con ciertos pasos específicos: primero, informar a los vendedores del desalojo; segundo, generar alternativas para responder a las necesidades básicas de los vendedores, y tercero, evaluar estas alternativas para reubicar a los implicados, lo cual no se cumple a cabalidad, según indicó Jhon Saúl Rivera, presidente regional Bogotano de la Asociación de Trabajadores Independientes -ATI-.
La Coordinación Normativa y Jurídica de la Alcaldía Local de la Candelaria, expresa que los vendedores deben registrarse al IPES (Instituto Para la Economía Social) como medida primera para que se realice la política pública adecuada. Sin embargo, admitió que las ofertas de la identidad IPES son insuficientes para cobijar a todos los registrados. Las alternativas que se encuentran son quioscos, puntos de encuentro, puntos comerciales, emprendimiento social, plazas de mercado, ferias temporales, intermediación laboral e información y capacitación.
Con respecto a esto, los vendedores indican que no se está realizando el debido proceso puesto que el desalojo acude a la violencia por medio de la policía, además de que las soluciones que brinda el IPES no son viables para sus condiciones de vida, puesto que muchas veces las ayudas se las dan a los vendedores informales con más ingresos, los lugares que otorgan para la venta son asolados o los trabajos que ofrecen no cubren con los gastos del diario vivir.
La Coordinación Normativa y Jurídica de la Alcaldía Local de la Candelaria, expresa que la recuperación del espacio público está respaldado en el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, donde se indica que el bienestar público prevalece sobre el interés particular, en este caso la situación económica de los vendedores, por eso se acude a la policía como medida de desalojo, puesto que los vendedores no quieren dejar el lugar.
Frente a esto, Jhon Saul Rivera, comentaba que ATI tiene propuestas para que el espacio público sea aprovechado de manera que beneficie a todos los actores, ya que las implementaciones del IPES y la Policía no conllevan a una solución. Entre esas propuestas está generar un vínculo con las empresas que actúan como proveedores de los vendedores informales y dejar que los vendedores se establezcan en el espacio público a cambio de publicidad exterior.
La Coordinación Normativa y Jurídica de la Alcaldía Local de la Candelaria reconoce que lo que sucede con los vendedores es una problemática social, pero también expresa que los implicados no tienen interés en dejar las calles, por lo cual, cualquier ayuda que se les ofrezca no será acogida, otro factor que influye en la insistencia de recuperar el espacio público es que el comercio formal se ve afectado por el comercio informal.