En un evento organizado por el observatorio regional de víctimas de la Universidad de los Llanos, los representantes de varios municipios expusieron sus puntos de vista sobre el panorama del posconflicto. El uso del suelo fue el tema más debatido.
Fotografías tomadas por: Danobis Fragozo y Camila Vargas.
Representantes de los municipios El Dorado, El castillo, Cuatro Veredas, Mapiripan, Piñalito y Tillavá en el departamento del Meta se dieron cita en Villavicencio para la situación que se vivencia en sus territorios, todos golpeados fuertemente por el conflicto armado. Los asistentes además recibieron capacitación con respecto a los procesos adelantados desde las instituciones estatales en el marco del posconflicto.
Los participantes dejaron entrever una preocupación de fondo: el manejo y la productividad de sus tierras. Gloria Villa (Foto derecha), representante de la mesa de víctimas de El Dorado, aseguró que para que haya progreso en la región es necesario “que haya una reforma agraria integral”, de esa manera los campesinos tendrían una mejor calidad de vida en términos económicos, gozarían de una mejor educación que soporten los procesos que se están llevando a cabo y “para que se genere paz” afirmó.
En el desarrollo del evento se reconoció que si bien los acuerdos de paz prestaron especial atención al desarrollo rural del país, los campesinos del Meta coinciden en que se han presentado retrasos en cuanto a la implementación de los mismos, lo que no permite que lo pactado se cumpla a cabalidad.
Por otro lado, uno de los temas centrales durante la jornada fue el cierre de la frontera agrícola. Con este mecanismo se busca desechar el antiguo modelo donde el Gobierno Nacional imponía de manera arbitraria la normatividad del uso del suelo. Con el nuevo sistema, se fomentará la preservación de muchas hectáreas de tierras y se delimitarán las zonas aptas para la producción de los alimentos. Asimismo, está estipulado que serán los afectados de cada municipio quienes democráticamente definan sus métodos de explotación.
Dentro de los proyectos que se ha impulsado desde la gobernación, se encuentra el Área de Manejo Especial de la Macarena AMEM que tuvo vigencia a partir del decreto Ley 1989 de 1989. Este estatuto buscar regular la estabilidad de 29 zonas ambientales colindantes a la Sierra de la Macarena, un área que se extiende sobre 19 municipio del departamento. Asimismo, busca controlar el accionar humano en estos territorio.
Algunos líderes también expresaron su preocupación frente a la situación actual de 5 parques nacionales naturales de la región: el Parque Nacional Natural Chingaza, la Reserva de Sumapaz, el Parque Cordillera de los Picachos, la Reserva de Tinigua y la Serranía de la Macarena. Todos considerados sistemas biológicos de alto impacto en estas comunidades y que según Gilberto Moreno, asistente al evento, “no en todos los casos se respeta lo establecido en el estatuto y eso hace que la población no tenga en cuenta las cosas negativas que trae para estos ecosistemas el violar las normas”.
Sin embargo, otros líderes protestaron porque según ellos hay comunidades establecidas entre esos sistemas biológicos y que por las limitaciones del decreto no pueden tener acceso a bienes públicos como conexión a internet, mejoramiento de las vías de acceso o buena infraestructura para temas de educación, abastecimiento de agua o redes eléctricas.
Concluida la jornada, los participantes expusieron ideas innovadoras encaminadas al aprovechamiento del suelo. Luz Amparo Pérez, representante de El Castillo, propuso crear una red de mercado que incluyera a todas las comunidades de los municipios asistentes. La invitación que se hizo fue a crear, estratégicamente, microempresas independientes donde además de ser ellos los cultivadores, sean también los encargados de distribuir y vender los productos sin intermediarios. De esa manera se contribuiría a la reactivación de la economía de sus pueblos, se le apostaría a la prosperidad económica de los pueblos y se aportaría a la superación conjunta de las huellas que el conflicto dejó en estas comunidades.
El evento sirvió como escenario para que las agremiaciones de campesinos reportaron cómo quedó el panorama después de la firma del Acuerdo Final de 2016 entre el Gobierno Nacional y el ahora partido político FARC. Durante el conversatorio también salieron a la luz temas relacionados a la escasa participación civil en las elecciones para elegir representantes y las dificultades de acceso a la educación para los jóvenes campesinos.
Para Leonardo Cuestas, líder comunal del municipio Cuatro Veredas, este tipo de eventos ayuda a que “la gente quede más informada porque a veces nosotros en nuestro entender no quedamos contextualizados. Entonces en estos conversatorios nos informamos para replicar lo que aprendemos a nuestras comunidades”, expresó a Directo Bogotá.
Por su parte, la abogada Alejandra Pérez, quién lideró el conversatorio puntualizó que “es importante que se reconozca la necesidad de empoderar a los sujetos de reparación colectiva, para que a partir de pequeñas acciones en sus comunidades, se logre promover un cambio y hacer la transición del conflicto a una tierra con oportunidades”.