Con la llegada del coronavirus a Colombia, el pasado 6 de marzo, iniciaron las medidas para mitigar la pandemia que ya había afectado a 84 países. Desde ese momento y hasta ahora la situación es muy incierta, no se sabe con exactitud qué le espera al país en temas sociales, económicos o políticos, ya que casi todo se puso en pausa; las libertades fueron restringidas y la salud está en riesgo de colapsar.
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En este texto se hará un resumen de los hechos que han acontecido durante este tiempo de contingencia, el inicio de la pandemia y cómo la sociedad colombiana se ha visto afectada por el aislamiento preventivo.
Sin embargo, haré un énfasis especial a la hora de analizar las decisiones tomadas por nuestros gobernantes, pues debemos todos cuestionarnos si de verdad se puede confiar en que ellos son los mejores para controlar esta situación peculiar.
Primero, echemos un vistazo a las cifras. El 28 de mayo, había 25.336 casos confirmados, de los cuales se recuperaron 6.665, estaban hospitalizados 1.158 y en cuidados intensivos, 227.
A causa de esta enfermedad, hasta ese día habían muerto 822 personas. 30 de los 32 departamentos del país presentaban casos y, en especial, 372 municipios.
Para saber cómo estos datos dejan de parecer un simple número a reflejarse en situaciones reales, debemos preguntarnos qué traducen verdaderamente.
Las ciudades más afectadas por el virus en este momento son en orden descendente Bogotá, Cartagena, Cali, Leticia, Barranquilla, Villavicencio, Tumaco y Medellín. En ese orden de ideas, podemos entender que las cifras nos dicen que no hay necesariamente una proporcionalidad entre la población de una ciudad y los casos de la Covid-19 presentes en la misma.
Mucho de lo acontecido ha llevado a que centros poco poblados como Leticia y ciudades intermedias, como Tumaco, superen a ciudades grandes como Medellín y Bucaramanga en casos confirmados.
Las maneras en las que el sistema de salud ha lidiado con la situación son distintas en cada zona del país, pero hay una generalidad clara: cada región y cada municipio cuentan con capacidades muy desiguales a la hora de enfrentarse a una pandemia.
A esto se le debe sumar especialmente que si las regiones más vulnerables fueron infectadas y afectadas de maneras graves ha sido porque se ha fallado a la hora de la prevención.
El caso de Leticia es particularmente especial ya que los contagios allí fueron importados de la cercana población brasilera de Tabatinga. Además, la frontera no está custodiada por las autoridades, los controles de quienes entran y salen son casi nulos.
Sin embargo, las personas deben continuar cruzando la frontera en busca de los bienes de consumo básicos. Otro caso similar se da en la frontera con Ecuador, donde los índices de casos confirmados per cápita son más altos que en el resto del país, especialmente en Ipiales y Tumaco, que juntos suman 648 casos. Los controles en la frontera sur de Colombia han sido más estrictos, pero no ha sido suficiente para controlar el virus.
Otra de las razones por la que las regiones pueden verse más afectadas es por la escasez de pruebas. En Colombia se han realizado 288.949 pruebas para verificar la presencia del virus en pacientes; un 8,7% de las pruebas han dado resultado positivo.
La manera en la que se realizan las pruebas ha sido dictada por el Ministerio de Salud y consiste en aislar a los pacientes que den positivo y testear a las personas que hayan tenido contacto con ellos.
Esa es una situación común en las grandes ciudades, como en Bogotá donde se han realizado más de 85.000 pruebas hasta hoy. Sin embargo, al principio de la contingencia hubo un déficit de pruebas en los municipios más aislados del país, razón por la cual más gente era positiva para la Covid-19 sin saberlo y, probablemente, no se aislaron, poniendo en riesgo a otras personas con las que tuviera contacto.
La clave para controlar los contagios es aislar a las personas que contraen el virus, pero sin la cantidad de pruebas suficiente esa tarea se hace más difícil. Los municipios a los que no se les facilitó el acceso rápido a las pruebas tuvieron más incidentes, como es el caso de Villavicencio, Tumaco y Leticia.
El gobierno del presidente Iván Duque afirmó en una alocución que los casos en los que los municipios aislados se han convertido en focos de contagio se deben principalmente a casos fronterizos, pero no ha dado una respuesta contundente acerca de la falta de pruebas.
Claramente este factor se ha subestimado como una causa de riesgo. A los ojos del presidente, está completamente bien no prestarle atención a eso y reclamar que en estos municipios hay altos índices de contagio gracias la desobediencia civil o al desacato de las medidas de aislamiento preventivo.
Fernando Ruiz, ministro de salud, aseguró en marzo que las pruebas llegarían y que serían suficientes. Sin embargo, los resultados en los municipios no han sido favorables y la curva no se ha logrado aplanar, pues los casos siguen creciendo exponencialmente.
Ahora, un tema de interés recurrente durante el tiempo de contingencia ha sido el de los enfrentamientos constantes entre los Gobiernos locales y el Gobierno central. Los primeros representados principalmente por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el segundo por el gabinete ministerial y el presidente Duque.
La manzana de la discordia entre ambos son las medidas necesarias para controlar el incremento de los contagios, especialmente aquella que trata sobre qué personas deben permanecer en sus hogares y a quienes se les permite salir a trabajar y a hacer las compras.
La alcaldesa en un principio planteó una medida de pico y género que impedía que hombres y mujeres salieran en días intercalados. Esta medida, aunque fue fuertemente criticada por las personas de la comunidad LGBTI, como discriminatoria, resultó ser práctica y efectiva a la hora de mantener a un 50% de la población encerrada.
No obstante, ya se ha dejado de lado el control por género, pues la alcaldía concluyó que ya era hora de soltarle un poco las riendas a los bogotanos; aunque varias restricciones seguían en pie.
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Por otro lado, el Gobierno central planteó que los trabajadores de los sectores de la construcción y la manufactura ya podían salir de su casa y dirigirse a su lugar de trabajo. Por esta razón hubo un fuerte enfrentamiento entre López y Duque, ya que la alcaldesa no quería que tantas personas salieran a la calle, poniendo en riesgo sus vidas.
Este debate ha sido recurrente entre ambos bandos, pero deja mucho para cuestionarse. El presidente Duque ha estado prometiendo ayuda a todas las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, pues ellas son las que dan empleo a una alta porción de los colombianos. Sin embargo, congresistas como Mauricio Toro, del partido Verde, denuncian que las ayudas no han sido para las MIPYMES pues el Gobierno ha destinado la mayoría de los alivios a las empresas grandes, abandonando a los pequeños empresarios a su suerte, al borde de la quiebra.
Toro, quien es reconocido por apoyar una política de emprendimiento que sea justa con estas empresas, también afirmó que la bancada del Gobierno ha hecho de todo por retrasar proyectos de alivio en la contingencia y que están defendiendo los intereses de una población muy pequeña de los colombianos; los que acumulan la mayor parte de la riqueza en Colombia.
Un caso sonado es el de Avianca, una aerolínea que opera en su mayoría vuelos en Colombia y que se ha visto sumida en una grave crisis desde que cerraron los aeropuertos. La empresa genera empleos en Colombia, pero también opera en otros países e incluso la mayoría de sus transacciones se hacen en suelo extranjero, o sea que esa plata no se paga en impuestos a Colombia, sin embargo, sus directivos le pidieron un apoyo al Gobierno nacional para salvar a su empresa.
Personalidades políticas como María José Pizarro se han opuesto rotundamente al apoyo del Gobierno a empresas grandes como Avianca, quienes deben tener planes de contingencia y supervivencia para situaciones como la actual. El Estado se debe enfocar más bien en apoyar a quienes en verdad lo necesitan, los menos favorecidos y los pequeños empresarios, quienes están sufriendo de primera mano el cierre de los mercados y la pausa de sus trabajos.
El hambre es otro problema que concierne a la contingencia actual. Ciudades como Bogotá han acudido a fondos solidarios para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos, recolectando recursos por más de 50.000 millones de pesos. Por otro lado, en la capital el abuso policial y los casos de violencia por parte de la fuerza pública en contra de civiles desarmados ha aumentado, razón por la que la Alcaldía ha recibido críticas fuertes al respecto. La criminalidad también ha aumentado.
En salud, la cantidad de camas disponibles para atender los casos más graves ha sido insuficiente en los territorios más aislados del país. Esto, sumado a una escasez de suplementos médicos, ha hecho que la disponibilidad de cuidado en UCI no sea suficiente para la cantidad de pacientes que allí llegan.
Hágase lo que se haga, Colombia es uno de los países cuyas cifras han sido más estables. Esto no es positivo, pues las cifras deberían demostrar mejoras, no estar en un estado permanente en línea recta. El Gobierno ha tomado medidas insuficientes para remediar esta situación y eso se puede notar en los números.
Este texto pertenece a nuestro especial Directo en casa ¿ya lo visitaste?