Por: Daniela Becerra Méndez // Periodismo de conflicto
La firma de los acuerdos de La Habana no fue suficiente para garantizar la paz de Colombia. De hecho, son los desafíos del posconflicto y de la implementación los más difíciles de superar. El siguiente análisis busca desglosar el actual horizonte del Acuerdo, cuatro años después, desde distintos ámbitos.
El proceso de paz colombiano, como otros en el mundo, ha traído consigo cientos de desafíos que han dificultado su cumplimiento exitoso. Los retos que el país entero ha tenido que superar, como lo ha hecho a lo largo del proceso, iniciaron incluso antes de que saliera a la luz que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC intentarían llevar a cabo un nuevo acuerdo. Pero una vez firmados los acuerdos, durante la implementación, llegó el mayor de los desafíos: construir una paz sólida y duradera después de más de 54 años de conflicto armado interno.
Pero ¿cómo hacerlo con una sociedad que aún hoy día está profundamente dividida? Esta división no solo amenazó la aprobación de los acuerdos, sino que ahora pone en riesgo que estos se puedan ejecutar a cabalidad. Boutros Boutros-Ghali, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó en 1992 que la paz no se limita a la firma de un acuerdo entre las partes, sino que, por el contrario, es un complejo y largo proceso que debe cruzar por tres momentos: restablecimiento, conservación y consolidación de la paz.
Otro desafío ha sido el cambio de gobierno cuando se necesitaban solidez y coherencia; llegó un mandatario que, junto a su partido político, siempre se opuso al proceso de paz. Aunque no puedan borrar el acuerdo ya firmado, sí pueden, mediante la no implementación, derrumbar la posibilidad de una verdadera paz en el país. La polarización, la estigmatización y los discursos de odio son una problemática surgida principalmente del centro del país, que afecta a toda la sociedad en su proceso de consolidar nuevas formas de narrarse.
Pero la consolidación de la paz no puede ser pactada solo por el Gobierno y las FARC. En un país con una historia de violencia tan aguda, con tantas víctimas, pretender que solo dos de los actores serán quienes devolverán la paz es absurdo. Gloria Arias, columnista e integrante de Defendamos la Paz, afirmaba que una vez el acuerdo logró desarmar físicamente la confrontación, el reto social se convirtió en desarmar la palabra, cambiar el modo de comunicarnos para darle cabida a una sociedad de paz.
Con la firma, en noviembre de 2016, se logró percibir una notable disminución de la violencia sociopolítica y armada en las distintas regiones del país. En los años 2016 y 2017 los homicidios de líderes sociales y políticos, las desapariciones, los secuestros y los desplazamientos forzados disminuyeron. Sin embargo, de 2018 a 2020 las cifras de violencia y violaciones a los derechos humanos aumentaron exponencialmente, y en las regiones donde no ha existido presencia del Estado llegaron más rápido las disidencias de las FARC, los paramilitares, los narcotraficantes y otros acaparadores de territorios, como grupos de delincuencia común. Se trata de nuevos conflictos con las víctimas de siempre.
El fin del conflicto armado en Colombia no solo representaba poder terminar la violencia. También era la oportunidad perfecta para que el desarrollo y la presencia estatal llegaran a las zonas rurales del país, para brindar nuevas oportunidades a las futuras generaciones. Era el tiempo de acabar con el estereotipo de que en Colombia lo que paga es vender coca. Sin embargo, las 79 masacres perpetradas hasta el 5 de diciembre de 2020 demuestran que la violencia sigue afectando especialmente a las zonas históricamente más golpeadas. Las cifras de asesinatos y masacres han vuelto a encender las alarmas internacionales.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en el comunicado de prensa No. 251/20 la preocupación por el aumento de la violencia, específicamente en territorios donde se combinan dos factores: poca presencia del Estado y presencia de grupos armados ilícitos. Como podemos ver en las gráficas, incluso desde 2016 la violencia se concentró principalmente en Cauca, Nariño y Antioquia, y se ha comportado de la misma forma hasta 2020. Adicionalmente la CIDH señala que dicha escalada de la violencia corresponde a municipios en donde se ejecuta el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (aumento de la violencia en un 190 %) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (aumento del 259 %).
¿Qué podemos hacer para llegar a la paz estable y duradera que necesita el país? ¿Cuáles son los retos que el país entero tiene que asumir? En el conversatorio “¿Cómo va la paz territorial?”, Pastor Alape, exguerrillero y hoy miembro del partido FARC y delegado en el Consejo Nacional de Reincorporación, aseguró que la construcción de la paz es la suma de actos de vida, esperanza, convicción e, incluso, sacrificio que debe llevar a cabo la sociedad. Para él, es necesario coordinar aspiraciones para lograr los ajustes institucionales requeridos desde lo territorial hasta lo nacional, para así desmontar esa visión centralizada que hay del país.
Vladímir Rodríguez, alto consejero para las víctimas, la paz y la reconciliación, comenta también que la manera más coherente de reparar a las víctimas del conflicto es generar condiciones para la no reproducción de la lógica del conflicto y para el auspicio de políticas públicas que permitan el desarrollo de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Se trata de empezar a ver el proceso de paz como una política pública que permitirá progreso y calidad de vida no solo para los excombatientes, sino, por el contrario, para todos. Lo que se busca es generar desarrollo sostenible que reduzca la inequidad social: son dichas situaciones de desigualdad y pobreza las dan cabida a los fenómenos violentos.
Astrid Suárez, analista nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, comunicó a Directo Bogotá que también se debe tener en cuenta que en comunidades con una histórica pobreza los estímulos económicos de los grupos armados que controlan los mercados ilegales, como las producciones de coca, son muy tentadores, ya que suelen ser una de las únicas formas de salir de la pobreza. Las comunidades necesitan una presencia real y efectiva del Estado, que impida gobernabilidades paralelas de grupos armados, promueva la inversión/producción en el campo y rompa con la corrupción. Además es necesaria una educación que ayude a las comunidades a desvincularse de la cultura cocalera y generar nuevas oportunidades para que sobre todo los jóvenes dejen de ser mano de obra de grupos armados ilegales.
El Gobierno nacional debe retomar su compromiso político con los acuerdos, considerarlos una política de Estado que no puede perder valor dependiendo del mandatario de turno. La construcción de un país en paz es una tarea que le corresponde a todos los colombianos, pero no podremos hacerlo sin la verdad: garantizar recursos efectivos y reparación para las víctimas es esencial. La sociedad entera tiene derecho a la verdad, a conocer los acontecimientos y sus porqués, para evitar que se repitan; la memoria hace parte de nuestra construcción de identidad como país. Se espera que todos los actores directos e indirectos asuman la responsabilidad que tienen frente a las víctimas y, en general, con el pueblo colombiano.
“Estaremos hasta los últimos minutos de vida apostándole al proceso de paz”: FARC
En el cuarto informe de la implementación del acuerdo, realizado por la Unión Europea, se postula que los grupos disidentes crecen cuando la implementación tambalea, y se reducen cuando esta avanza. Ante la falta de garantías, muchos excombatientes deciden que volver a las armas es una mejor opción que apostarle a la legalidad. Si el Gobierno no cumple con su parte, ¿por qué cumplirían ellos con la suya? En 2019, el exnegociador guerrillero y hoy disidente Iván Márquez afirmó que decidió retornar a la insurgencia a causa del incumplimiento del Gobierno con su parte.
En entrevista para Directo Bogotá, Pastor Alape afirma que el regreso de los exguerrilleros a las armas es el objetivo de quienes han promovido la polarización y la violencia desde que se firmó el acuerdo, el objetivo del partido de Gobierno y del exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. Fueron los montajes de este último los que terminaron empujando a Iván Márquez, al Paisa, a Óscar y a Santrich, entre otros, a retomar las armas en una decisión desesperada y equivocada. Esto lo confirma Alfonso García, excombatiente de las FARC, según quien el incumplimiento del Gobierno ha hecho que muchos compañeros suyos que dejaron las armas las retomaran por la falta de garantías, amenazas de muerte u ofertas de grupos armados que los incitan a retomar las economías ilegales a cambio de hasta de 3 millones de pesos.
¿Ya conoce el especial "Dejémonos de Armas"?
Alape asegura que uno de los principales retos del posconflicto es el tercer punto de los acuerdos: el cese al fuego y las hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación y las garantías de seguridad. Este afirma que las dificultades persisten en la reincorporación social y económica de los firmantes de la paz. Esta posición suscribe lo que establece la Contraloría General de la Nación: la importancia de desmontar el odio y la estigmatización y de retomar el Pacto Político Nacional para separar las armas de la política, una medida incluida en el acuerdo.
Para Alape, el mayor desafío de la Reforma Rural Integral es la falta de tierra que garantice el éxito de la reincorporación: “Es una realidad que no se ha resuelto. Aún no hay predios para implementar los proyectos productivos y para la vivienda; no se ha formalizado o entregado la tierra para los campesinos; tampoco se ha establecido el catastro multipropósito. Se paró la implementación de los planes voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, y los PDET quedaron como un instrumento electoral. Entonces, el mayor desafío para la implementación es obligar a los gobiernos a asumir el compromiso, [a tener] la voluntad política para ajustar la normatividad para los tiempos de la paz”.
Lo anterior lo complementa García cuando afirma que es necesario que las actividades políticas, sociales y económicas se desarrollen para que, mediante el desarrollo de economías legales, las comunidades puedan dejar de depender de grupos que controlan los negocios ilícitos, como los nuevos movimientos paramilitares e, incluso, las disidencias FARC. Añade además que, por esa razón, le han exigido al Gobierno la efectiva implementación del PNIS, teniendo en cuenta que el consumo de drogas debe tratarse como un problema de salud pública que no se solucionará con la judicialización de quienes consuman, sino con educación para los más jóvenes.
La sustitución de los cultivos de coca y la lucha contra el micro y narcotráfico están directamente asociadas con los riesgos de vida que tienen muchos de los excombatientes, líderes y lideresas, que trabajan en sus territorios en pro de romper con las dinámicas de la guerra. Precisamente a los grupos al margen de la ley que controlan el mercado no les conviene perder mano de obra, rutas, cultivos o clientes, y responden con violencia cuando se ven perjudicados. Para García la solución a esta problemática no es militarizar las regiones ni brindar esquemas de seguridad a todos los amenazados, porque de esa forma no se soluciona el problema de raíz.
Debemos recordar que el éxito de la reincorporación es fundamental para consolidar la paz en el país, así como lo es la verdad. Finalizó Alape: “La verdad es la fuerza que moverá a la sociedad a rechazar la guerra desde un compromiso ético y moral, desde un ejercicio de la espiritualidad, en cuanto posibilita que se conozca la mezquindad de quienes promueven, la violencia y se benefician de ella. La verdad desnuda todos los lados y ángulos de los protagonistas del conflicto”.
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