Por: Camilo Arenales - Iván Echeverry // Análisis del conflicto.
Catorce estudiantes de la clase de Análisis de Conflicto se dieron a la tarea de trabajar cinco infografías que dan cuenta de hechos aparentemente contrarios a la lógica, pero que evidencian que las causas profundas de la guerra permanecen ahí, sin resolver.
El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 buscó que aquellas zonas que paradójicamente había protegido el conflicto armado, ya que nadie se acercaba por estas áreas de reserva natural por la presencia de las Farc, se mantuvieran a salvo con el desarrollo de políticas públicas a favor del medioambiente y la búsqueda de la sana relación entre el buen vivir y la naturaleza.
Sin embargo, apenas dos años después, en 2018, Colombia ocupó el segundo lugar entre los países más peligroso para defender las causas ambientales, solo superado por Filipinas. Los líderes ambientalistas y guardabosques de todo el país pasaron a engrosar la lista de personas amenazadas y asesinadas.
Algunas de las causas de esta situación están ligadas directamente al narcotráfico. Por ejemplo, esto es así en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se sabe que hay cultivos ilícitos de marihuana y coca. Se sabe también que en la zona hay presencia de grupos ilegales paramilitares, como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este último grupo fue el que presumiblemente asesinó a Wilton Fauder Orrego este año, a pesar de que en 2019, la muerte violenta de Alejandro Llinás Suárez, quien también trabajó como protector de la Sierra Nevada de Santa Marta, había sentado un precedente que debió alertar a las autoridades para proteger a los guardabosques de la zona.
En Cali, por otro lado, el problema sigue siendo la minería ilegal. Zonas como el Parque Nacional Natural Farallones presenta una deforestación alarmante, ya que se encuentra llena de boquerones, por demás tóxicos debido al uso de sustancias como el mercurio, común en la extracción de oro. Jorge Enrique Oramas acaba de ser asesinado en este mayo de 2020 por su lucha contra la minería ilegal en esa reserva natural de Cali. Según se sabe por los hallazgos en la maquinaría hechos por la Tercera Brigada del Ejército, esta actividad está siendo coordinada por bandas criminales.
El caso más grave es el de la Amazonía colombiana. Solo en esta región se concentra el 70% de la deforestación de todo el país. Ya sea para la ganadería, o para el uso de cultivos ilícitos, el bosque amazónico no para de ser talado. Esta región es una de las más amenazadas por grupos al margen de la ley, que, con la salida de las FARC de su territorio, vieron la oportunidad de hacer con el terreno sus intereses a placer. Por todo esto, no es de extrañar el asesinato de Héctor Fabio Almario, líder comunal protector de los derechos del medio ambiente y promotor del reemplazo de cultivos ilícitos en la Macarena, Meta.
Resulta paradójico cómo después de la firma del Acuerdo de paz, donde la preservación del medio ambiente era un ítem al que se le daba relevancia, empezó una crisis en el medioambiente donde la tala indiscriminada, la minería ilegal y la expansión para terrenos ganaderos fue la respuesta a la retirada armadas de las FARC de zonas del conflicto. Sumado a eso, el Estado, pese a aumentar las hectáreas protegidas y tener presencia en muchas de estas zonas, no ha ofrecido garantías para los defensores de reservas naturales en Colombia.
Al día de hoy, se siguen presentando amenazas a ambientalistas en los parques de La Paya, Farallones, Corales, Picachos, Tama, Orquídeas, Amacayacu, Sierra Nevada de Santa Marta, Bahía Portete y la Dirección Territorial Orinoquia. Lo peor de todo, es que se presenta una cifra de 92% de impunidad en estos casos de asesinatos a líderes ambientalistas.
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