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  • Erika González - Daniela Peña - María Fernanda

[Investigativo] Eterno conflicto ambiental en el Sumapaz


Un relato sobre los obstáculos para la declaración de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz.

El campesinado de Sumapaz desde hace 25 años lucha contra las políticas estatales para lograr que la región sea declarada Zona de Reserva Campesina y así defender los derechos que les han sido arrebatados. Sus relatos cuentan una historia más grande, la de la invisibilización y la supervivencia de una comunidad ubicada en el corazón del país.

FOTO: Tomada de Wikimedia Commons. Por Lawrencemilovich.

“No es una tarea sencilla porque difícilmente la vida nos alcanza, pero la juventud va detrás. Lo que esperamos es que no nos impongan formas productivas, sino que nosotros podamos sacar adelante nuestra seguridad alimentaria y nuestra forma de organización”. Afirma Alfredo Díaz quien se refiere a un proceso arduo y complejo por el que generaciones han batallado: lograr que el Sumapaz sea declarada Zona de Reserva Campesina (ZRC).

Él, con su voz grave, dice que el objetivo se lo han truncado múltiples intereses. El Gobierno colombiano no les ha dado cumplimiento a las normas, asegura el campesino.

Alfredo tiene más claro que nadie por qué no ha avanzado el proyecto al que le ha dedicado su vida: “El conflicto está en que nosotros hemos dicho que no lo intervenimos (al Sumapaz), pero tampoco lo puede hacer nadie. A nosotros nos lo prohíben, pero el interés del Gobierno es abrirle la puerta a las multinacionales”.

Díaz asegura que, a pesar de todo, la tierra que habita es de gente férrea que encara las dificultades y la ausencia estatal.

Gráfico: Ubicación de la localidad de Sumapaz

Georreferenciación:

“Sumapalogía”

Al dialogar, Alfredo Díaz da lecciones, explica que Colombia se ha caracterizado por tener un binario particular entre centro y periferia: un ciudadano de Bogotá vive una cotidianidad opuesta a una persona que habita en la ruralidad.

Díaz defiende que el campo ofrece la oportunidad de conectarse con la naturaleza y vivir a plenitud, lo que no ocurre en las ciudades. En el Sumapaz, él observa las nubes, habla con sus matas, comparte con los animales y le hace preguntas al río mientras cuida la tierra. Es un campesino que enseña en preescolar y primaria desde hace por lo menos 20 años la materia de Sumapalogía. Un saber que nutre con sus investigaciones. Estructuró la asignatura desde el conocimiento que le dejaron generaciones anteriores, siempre basándose en la dedicación y tranquilidad de quien vive en esa región y que conoce su tierra como la palma de su mano.

FOTO: La agroecología hace parte de las enseñanzas brindadas por los supamaceños con su materia de Sumapalogia. Tomada por Francy Carranza.

Con una pedagogía cargada de formatos audiovisuales, Alfredo Díaz tiene como objetivo demostrarles a los niños y jóvenes que hay una razón para sentir orgullo, y es aprender sobre temas que generalmente son mencionados en los libros, pero que quizá desde el campo se valoran de verdad: la tradición oral y la formación sobre las montañas, las cuencas, los estados climáticos, los cruces en la cordillera, el banco biogenético. Todo ello ligado al medio ambiente.

El Sumapaz está a tres horas de distancia del centro de Bogotá y es su localidad 20. Lo cierto es que los citadinos no ven la región con los mismos lentes que Alfredo Díaz. Él cree que muchos ciudadanos ven este lugar como parte de un plan de un fin de semana para ir a conocer el páramo. Otros se atreven a verlo con ojos de desarrollismo debido a la gran riqueza minero energética que alberga. Esas miradas le producen temor a Alfredo Díaz, porque abrirle las puertas al extractivismo es cambiar la historia cultural y ambiental que comparte la gente nativa de la región.

Intento fallido: ZRC

Para oponerse a los múltiples intereses que hay sobre el Sumapaz, los campesinos se afianzaron en la historia de la tierra, construyeron una identidad comunitaria basada en la protección del entorno y desarrollaron procesos culturales, políticos y económicos. Los campesinos luchan por el control sobre aquello que les permitió existir toda la vida: la tierra, y para reforzarlo es necesario constituirse legalmente en ZRC.

De esta manera nació el Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz, Sintrapaz, organización de trabajadores agrícolas de la que hace parte Alfredo Díaz y mediante la cual buscan coordinar políticas de desarrollo rural que sean visibilizadas ante el Gobierno nacional.

Luego le propusieron al campesinado organizarse en una Zona de Reserva Campesina, prevista desde el 90 en Colombia. “Nos agarramos de esa ley que ganaron los campesinos en este país y formulamos un plan de desarrollo a 30 años y se lo propusimos al Incoder”, dice Alfredo Díaz.

En 1994 el Gobierno Nacional propuso la Ley 160 que consolidó las ZRC. El objetivo es que los campesinos asuman su ordenamiento territorial y diseñen los planes de desarrollo sostenible a partir de las propuestas de las mismas comunidades.

GRÁFICO: Zonas de reserva campesina consolidadas en Colombia.

Sin embargo, en el Sumapaz este proceso de consolidación se ha prolongado más tiempo de lo que se puede explicar. En 1998 Sintrapaz, junto con la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), inició esta discusión, en la que también intervino Alfredo Díaz y representantes de las generaciones anteriores que trabajaban la tierra. Díaz comenzó a ser reconocido como líder y en el año 2000 fue elegido director del sindicato.

Pero los promotores han tenido dificultades que han impedido la consolidación legal de la ZRC; señalan a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “Así el Estado no nos reconozca, seguimos adelante, pero nos toca a nosotros mismos. Nosotros estamos sacando de nuestros propios bolsillos”, dice Alfredo Díaz.

FOTO: Entrada a la Zona de Reserva Campesina declarada ´de hecho´ por los campesinos. Tomada por Francy Carranza.

De nada ha valido que los Acuerdos de Paz de La Habana le hayan dado un espaldarazo al territorio en defensa de derechos como protección alimentaria, financiación de proyectos productivos, infraestructura, cobertura en salud, educación, vías terciarias, entre otras cosas. Es más, son los mismos derechos que defiende la Ley 160 de 1994 para las ZRC, y pese a ello nada que los campesinos logran que la región sea reconocida legalmente. Para Díaz, esa es la muestra de que el Estado ha inclumplido y la población rural, por tanto, es doblemente victimizada.

 

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GRÁFICOS: Leyes relacionadas con la declaración de las Zonas de Reserva Campesina.

La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

En el 2011 la Gerencia General del Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) se pronunció mediante la Resolución 3180, en la que inició el trámite administrativo para constituir la ZRC del Sumapaz. Así dio cumplimiento del Decreto 1777 de 1996 mediante el cual abría el proceso de estudio para decidir la constitución y delimitación del territorio.

Raúl Rodríguez, funcionario de la Subdirección de Administración de Tierras de la ANT, explicó que el proceso tenía que ir más allá de la iniciativa de Alfredo Díaz y los representantes del Sumapaz; pues era indispensable que primero lograran cumplir las condiciones técnicas exigidas. ‘‘La ANT es, por esencia, una Agencia estrictamente técnica, con apego a la Ley y sus disposiciones formales’’, dice.

Para cumplir todas las exigencias de ley se llevaron a cabo varios procesos. César Jerez, quien trabajó en conjunto con la comunidad, redactó con ella un plan de desarrollo con base en los criterios del Acuerdo final de paz. Hernando Bejarano, vocero de Sintrapaz, dijo a La Silla Vacía que el proceso de paz fue fundamental para la legitimación de las ZRC, de hecho fueron incluidas en el punto 1 sobre Reforma Rural Integral.

En el 2016, mediante una audiencia pública en el corregimiento de San Juan de Sumapaz, donde vive Díaz, se dio a conocer el Plan de Desarrollo Sostenible, el cual, según la ANT, “se elaboró en articulación con la Alcaldía Local de Sumapaz y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el cual fue socializado y avalado por el equipo técnico de la ANT”.

Los desplantes del Gobierno

Jerez, coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, expone que las comunidades cumplieron con su parte, pero el proceso se choca con la nula voluntad política del país, y, como representante de los campesinos, afirma:

“Intentamos que el Gobierno de Juan Manuel Santos discutiera el tema vinculado al proceso. Se actualizó el plan de desarrollo, se hizo una propuesta del plan de manejo ambiental. Digamos que todos los ajustes, todos los requerimientos más las iniciativas de ordenamiento se plasmaron. Finalmente lo que no hubo fue voluntad política. Lo que falta es cumplimiento del Gobierno”, dice Jerez.

Díaz también se refiere a la apatía de los políticos. Si bien algunos concejales gestionaron los temas rurales, los procesos autónomos del Gobierno no se respetan en la práctica. Menciona que la comunidad teme a que si el presidente Duque los declara una ZRC, después haya conflictos, como declararlos equívocamente ‘insurgentes’ o que los asesinen.

El inconformismo de los campesinos es con la Agencia Nacional, que según Díaz: “No hay una viabilidad para los procesos. Hemos tenido varias reuniones con ellos, pero quedamos en vernos de nuevo y siempre falta algo, como sucedió hace cinco años en la audiencia”, explica.

Díaz se refiere a los ajustes que la ANT les pidió luego de socializar su Plan de Desarrollo. Estos ajustes trataban asuntos ambientales relacionados con la delimitación del páramo. Al respecto, la ANT hizo un acercamiento con la Corporación Autónoma Regional encargada de delimitar la zona, pero el proceso no concluyó.

La CAR le contestó a la ANT que no se había iniciado el proceso de zonificación, entre otras razones, porque el Gobierno Nacional expidió una nueva norma, la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, “por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. En esta se expone que los Planes de Manejo Ambiental se realizarán en un plazo de cuatro años y con un horizonte de implementación a diez años. Como quien dice, más trámites.

GRÁFICA: Relación de las ZRC con el acuerdo de paz.

Según la Agencia, la ley se encuentra en proceso de reglamentación, ya que algunos conceptos como “régimen de usos de suelo” y “plan de manejo” quedaron muy generales. En resumen, el paso siguiente no está en manos de la ANT, sino de la CAR, pero la comunidad del Sumapaz no confía en la corporación.

Francy Carranza, investigadora de temas sobre reforma agraria y educación rural y gerente de proyectos de la organización Movilizatorio, dice que “controlar Sumapaz le permite a la ciudad (Bogotá) controlar sus recursos hídricos. Se han creado varias iniciativas para construir hidroeléctricas que han sido bloqueadas por los campesinos. En esa zona hay títulos mineros, petróleo, (posibilidad de) fracking y, sobre todo eso, ha habido bloqueos campesinos”.

 
 

Los argumentos de los opositores

Los intereses de la CAR quedaron claros en el 2011 cuando se firmó un Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos entre el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José Armando Zamora Reyes, y la multinacional Alange Energy Corp. Sucursal Colombia. Allí se adjudicó el bloque COR - 33 a través de la Resolución 419 del 8 de noviembre de 2010.

El contrato le autorizaba a la empresa iniciar estudios exploratorios para la perforación de pozos petroleros en la provincia del Sumapaz, como lo asegura Francy Carranza. Dicho proyecto pasó por la CAR que dentro de sus funciones tiene la potestad de otorgar licencias ambientales, es decir, permisos bajo controles estrictos en los que los proyectos que se lleven a cabo en un territorio tengan el mínimo impacto ambiental y social.

El contrato con Alange Energy cobijaba los municipios de Arbeláez, Pasca y Fusagasugá, todos pertenecientes a la provincia del Sumapaz. Esto dejó sin peso el argumento inicial de la CAR para negar la ZRC, de la que dijo estaba dentro del páramo, lo que impide la Constitución. Curiosamente, para la CAR, el páramo se vería perjudicado con procesos productivos como monocultivos, pero no para actividades extractivistas.

Alfredo Díaz asegura que ellos tienen claro que la ZRC colinda con el páramo, pero justo los campesinos están en lo que es el Parque Natural. “El Páramo no se va a tocar. Pero es que una de las intencionalidades del Estado es que nosotros no toquemos para que ellos puedan tocar y el conflicto está en que nosotros hemos dicho que no lo intervenimos, pero tampoco lo puede hacer nadie”, puntualiza.

FOTO: Los frailejones son las plantas más comunes en el territorio del Sumapaz y cumplen una función determinante en su sostenimiento. Tomada por: Francy Carranza.

Para este reportaje se buscó al director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, pero se negó a dar la entrevista. Una representante de la Corporación dijo que buscarían a un vocero pero posteriormente reiteraron que nadie hablaría. ‘‘El tema con esas zonas es un poco delicado’’, puntualizó la funcionaria.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, también presionó para frenar el proceso de constitución de la ZRC después de la Asamblea Nacional de Anzorc. Carlos Hernández, periodista de La Silla Vacía y quien ha investigado el tema, dijo que a pesar de que la SAC por sí sola no puede tomar una decisión al respecto, su asiento en el Consejo Directivo de la ANT es relevante para presionar.

“Uno puede asegurar que Fedegan, la SAC y otros gremios de la burguesía, de la oligarquía, son enemigos de las ZRC del país. Incluso se atreven a decir que esto es una propuesta de la insurgencia, que nos proponemos quitarles la tierra que nos quitaron”, comenta Díaz.

Durante las últimas dos administraciones de Bogotá hubo muy pocos avances. Con la llegada a la Alcaldía de Claudia López, por primera vez se incluyó en el Plan de Desarrollo de Bogotá este tema, como algo relevante para tratar.

Apuna Jérez que “Claudia dijo que iba a implementar la Reforma Rural Integral en Bogotá. Quiere decir que va a implementar en Bogotá el fondo de tierras, el plan de formalización, el catastro multipropósito, la zonificación, la zonas que están en el acuerdo y obviamente las ZRC que están en el PDET. Ella lo dijo delante de cinco gobernadores y de los medios de comunicación”.

No obstante, para la integración de esto en la agenda política de Bogotá, existen ciertos conflictos con los campesinos con respecto a la declaración de un Pacto por SumaPaz. En este, se contempla la posibilidad de unir los páramos de Cruz Verde, Chingaza y Sumapaz. Sin embargo, para los campesinos, la entrada de esta nueva administración no representa una acreditación de buenas nuevas, ya que se está ofreciendo un sueldo para el cuidado del páramo a cambio de que dejen de lado su identidad campesina para ser obreros, insiste Díaz.

“Estas situaciones que suceden no nos dejan ver con buenos ojos este pacto por Sumapaz porque ellos vienen con una concepción muy extractivista y lo que nos proponen a los campesinos es el pago por los servicios ambientales. Esto significa que nosotros dejemos de ser campesinos y nos dediquemos a recibir una miserableza. No estamos de acuerdo con el pago por servicios ambientales porque es como si yo en mi casa le hubiera tenido que pagar a mis hijos para que se bañaran la cara, para que se lavaran los dientes. Eso es algo que nosotros debemos hacer sin que nos lo paguen”, reafirma Díaz.

FOTO: Alfredo Díaz, director de Sintrapaz y afiliado de Asojuntas. Cortesía Cuenta de Twitter Región Central.

La visión de los campesinos pasó a ser ecologista mucho antes de las primeras declaraciones de la ANT sobre la Zona de Reserva Campesina. Esta idea se siembra en la Sumapalogía que se enseña en las escuelas.

Las asociaciones campesinas de Sumapaz siguen siendo muy fuertes, según Francy Carranza. “Siguen reuniendo bastante población. Más o menos el 98% de los campesinos están vinculados a las JAC porque esa es la única manera en que pueden acceder al Estado, sobre todo porque se encuentran en situación de marginalidad”, dice.

Es claro que no es el primer proyecto que se ha quedado estancado por situaciones que ponen a flote los diferentes intereses y proyecciones que hay sobre Sumapaz y lo que implica que se convierta en ZRC. Según Francy, esto se debe a que cada cambio de administración, genera cambios de políticas. “Las secretarías no tienen una política específica sobre lo que va suceder en Sumapaz, esto indica que hay proyectos a muy a corto plazo, poco articulados y en muchos de ellos no se toman en cuenta a la población”.

La Agencia se defiende respondiendo que aludir a las trabas, dilatación o poca articulación es una manera errónea de ver el esfuerzo que se hace por un proceso como el de las ZRC en Sumapaz. “La realidad fáctica nos ha demostrado a través del tiempo cómo el cabal cumplimiento de la norma promueve a futuro lo que esperamos para con estas comunidades que son parte de nuestro quehacer institucional: aporte al mejoramiento de sus condiciones de vida”, comenta Rodríguez.

Díaz insiste en que seguirán “actuando con la mejor voluntad y disposición para que nos vean como ZRC. Sabemos que no va ser una tarea fácil. Nuestro Plan de Desarrollo está pensado para que en el 2030 se realice la primera fase y en el 2050 la segunda”.

En conclusión, el 98% de los campesinos que conforman la Junta de Acción Comunal (JAC) de Sumapaz esperan que los proyectos de consolidación de tierras como ZRC sean una oportunidad para una verdadera apertura democrática. Y, según Alfredo, lo único que se necesita es que “haya un gobierno que los declare ZRC a la luz de la ley y puedan adquirir o gestionar recursos del Estado o de cooperación internacional para desarrollar sus proyectos”.

Las restricciones que se han generado en torno a los páramos han evidenciado que estos ecosistemas no deben ser intervenidos ni por grandes multinacionales, ni por campesinos, como menciona Fernando Flórez en una columna de El Tiempo ‘‘Hay una obligación ética del Estado y los ciudadanos de proteger los páramos. Pero no es solo un asunto moral, también es una acción social y económica de sobrevivencia para poder acceder al agua limpia y disponible con regularidad y en condiciones de seguridad y cercanía’’ (2018).

Para ampliar la información de esta investigación escucha nuestro podcast Voces del Sumapaz o lee nuestro folleto sobre las Zonas de Reserva Campesina.

 

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