Por: Laura Ayala - Viviana Gómez - Juliana Pieschacón // Análisis de conflicto
Catorce estudiantes de la clase de Análisis de Conflicto se dieron a la tarea de trabajar cinco infografías que dan cuenta de hechos aparentemente contrarios a la lógica, pero que evidencian que las causas profundas de la guerra permanecen ahí, sin resolver.
El pasado 4 de mayo, Carlos Andrés Sánchez Villa, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Raya en la región de Catatumbo, fue asesinado al interior de un vehículo mientras se dirigía al corregimiento de La Gabarra en la zona rural de Tibú. Él es el quinto líder social asesinado durante el 2020 en el Catatumbo, zona manejada por los grupos guerrilleros ELN, el EPL y las disidencias de las FARC. Para más información haga click acá Y la número 565 entre los líderes asesinados desde el 2016 hasta el 20 de febrero de 2020 con lo que se alcanza un promedio de una víctima por día. Para más información haga click acá.
El punto cuarto del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que integró a 99.097 familias a la sustitución voluntaria. De estas 67.237 corresponden a cultivadores ilícitos, 16.860 son recolectores de hoja de coca y 15 mil que no la cultivan, pero viven en estas zonas. Estas familias se encuentran en 56 municipios de los 14 departamentos que están inscritos en este programa: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada. Para más información haga click acá
En el acuerdo, el Estado se comprometió a fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, garantizando la seguridad, la convivencia y protección de los derechos humanos, además de la infraestructura, los servicios públicos y la educación. Sin embargo, la primera encuesta realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 6.350 familias en 29 los municipios, da cuenta de la dramática radiografía social detrás del negocio de los cultivos ilícitos. El 48% de las personas encuestadas afirmó que sus veredas no cuentan con acceso a vías terrestres, el 36% de sus habitantes no sabe leer ni escribir, el 97% no tiene acceso a los servicios de salud, el 92% de la población entre los 6 y 9 años trabajan en el campo, el 13% acredita que es dueño su predio por medio de escritura pública o sentencia judicial, el 57% de las personas son pobres. Lo que evidencia que la presencia institucional no ha cumplido con lo acordado en el punto cuarto del Acuerdo de Paz. Para más información haga click acá
No obstante, los cultivadores y recolectores de coca que se sometieron voluntariamente al PNIS, han mostrado un deseo por no retornar a la ilegalidad. Dado que hasta la fecha han sido 41.370 hectáreas sustituidas en el PNIS, es decir, el 96% de la totalidad de los cultivos del programa. Así mismo, 5.701 recolectores de hoja de coca de 33 municipios pasaron a ser gestores comunitarios en sus territorios.
El compromiso del Estado se limita a ingresos mensuales a través de un contrato por prestación de servicios y a procesos de reconversión laboral con la participación del SENA. Las familias beneficiarias por este programa adquieren pagos mensuales en efectivo de 1 millón de pesos durante 12 meses en remuneración por actividades de sustitución. De estas, 72.993 familias de 14 departamentos han recibido al menos un pago mensual de $1.800.000 para alimentación y proyectos de auto sostenimiento y 9.244 familias tienen pago programado. Actualmente, hay 46.611 familias que ya recibieron la totalidad de los pagos. Para más información haga click acá
Ahora bien, tras la firma del Acuerdo de Paz, las zonas donde se encontraban las FARC y, por tanto, donde opera el PNIS han sido ocupadas por diferentes grupos al margen de la ley. Los disidentes de las FARC (4.400 disidentes en 17 departamentos), el ELN (cerca de 500 personas) y los grupos armados ilegales organizados, entre los que se encuentran: Clan del Golfo, las AUC, Los Puntilleros, EPL, AGC, las Bacrim y delincuentes comunes. Para más información haga click acá
El 96% de los líderes asesinados, como Carlos Andrés Sánchez, se caracterizaban por ser campesinos hombres dedicados a promover los derechos de las comunidades de las que hacían parte. La mayoría de ellos participaban en las JAC de su vereda y coordinaban los Comités Cocaleros de Sustitución de las mismas. La gran parte de las violaciones al derecho a la vida estuvieron dirigidas contra los líderes con representatividad y responsabilidad política locales, que se enfrentaban a una situación de constante riesgo para llevar a cabo su labor. Lo anterior abre la pregunta: ¿En quién recae el peso de las consecuencias de la sustitución de cultivos ilícitos? Para más información haga click acá