La Agencia de Renovación del Territorio (ART) desde finales del 2015 ha trabajado por transformar el sector rural colombiano, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, recuperar las zonas afectadas por el conflicto y garantizar la presencia estatal, a través la generación de proyectos participativos e integrales como los PDET, en busca de alternativas que promuevan el desarrollo económico en el campo a nivel veredal, municipal y sub regional. A dos años de haber firmado los acuerdos de paz, María del Pilar Barbosa, subdirectora de participación territorial de la ART hace un balance general de sus avances.
Cortesía: ART
DIRECTO BOGOTÁ: A dos años de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué han logrado ustedes como agencia?
María del Pilar Barbosa: Logramos: primero, proponer una ruta metodológica que fue validada a nivel central con toda la institucionalidad; después de hacer el arreglo normativo que aterrizaba las funciones de la agencia arrancamos con el proceso de despliegue que consistía en llegar a 170 municipios afectados por el conflicto. No eran solo 170 municipios, estábamos hablando de cerca de 11 mil veredas que además se traslapaban con 105 concejos colectivos de comunidades negras, 423 resguardos indígenas legalmente constituidos, todos los parques nacionales naturales, zonas de reserva campesina y todo este universo geográfico. La ART no pretendía llegar solo a las cabeceras municipales sino que iba a llegar a lo más profundo del territorio para garantizar la mayor participación posible de las comunidades.
Con esto la gente ha valorado que lleguemos a ellos, por ejemplo, en lugares como Tolima que tienen grandes distancias para llegar a zonas como el Cañón de las Hermosas, el solo hecho de que el funcionario llegara hasta allá era muy significativo para los pobladores, decían “aquí nunca había llegado un funcionario público a hacer nada”. Con las comunidades hemos construido pactos municipales, ahora tomamos, por ejemplo, los 4 municipios del sur del Tolima y analizamos el tipo de iniciativas que tienen en común para formular una gran estrategia, por ejemplo, de electrificación; ya no son 4 iniciativas sino una gran apuesta subregional. Llegar a formular el pacto municipal es tener un pacto que puede surtir en un segundo paso de volver esto proyectos y esto no quede en el papel. Este es un punto de no retorno de la ruta.
DB: ¿Qué se ha logrado con los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR-?
MPB: Los PATR son los que van a aterrizar lo que quedó en esos planes para que cuando la información esté lo suficientemente organizada se pueda ir ministerio por ministerio a ver cómo va a hacer la gestión de cumplimiento.
Voy a citar un caso concreto: Los 5 municipios del sur de córdoba plantearon toda su visión alrededor del agua y empezamos a encontrar muchas convergencias en las iniciativas tanto de comunidades étnicas como empresarios. Los PATR han permitido generar puentes para un diálogo entre comunidad y empresarios; la reforestadora del Sinú nunca se había sentado con la comunidad y la comunidad nunca había querido sentarse con la gente de la reforestadora porque la concepción era de que ellos habían llegado a la región solo a acaparar tierras y a invadir; con los PATR y los PDET el diálogo entre actores llevo a la consolidación de pactos concretos que se van a ver reflejados en el territorio: compromisos de la empresa, contratación de más mano de obra local, una apuesta concreta de recuperación de especies nativas y la disposición de la comunidad para dialogar y romper con ese conflicto histórico.
Además, con el proceso para llegar a los PATR, encontramos que en este país la gente no está pidiendo nada que no debamos como Estado. Sí estamos ablando de una deuda histórica, la gente está pidiendo lo mismo: agua potable, acueducto veredal, que por fin llegue la luz, que el niño pueda ir a estudiar; en términos generales, lo que encontramos son demandas históricas de la gente de lo que tenemos que garantizar como Estado.
DB: Ustedes qué han estado en las regiones ¿cuáles han sido los principales obstáculos para implementar los acuerdos en estas regiones?
MPB: Este es un país que no se había pensado con enfoque territorial y sus particularidades y una de las cosas que identificamos es que a veces está toda la disposición política y los recursos para intervenir, pero, hay unas piezas que no son resueltas por nadie, no hay quien haga los estudios, el diseño, no hay quien tenga un micro detalle de la información que le garantice al ministerio que pueda llegar a una zona que no tiene títulos de propiedad, y a esto se le suma la intermediación de tantos operadores que hace más demorada la llegada de la oferta.
Un ejemplo concreto es: en una de las zonas del país, en un centro de acopio aprobado por la ADR por casi 400 millones de pesos, la plata lista para poner, pero el proceso guardado porque no había unos estudios y diseños que valían 4 millones de pesos. Entonces esa cosita chiquita, ese engranaje que hacía falta para sacar toda esa oferta que estaba dispuesta se queda en unos trámites realmente olvidados, es poner la lupa en ese tipo de detalles que le faciliten a los sectores llevar su oferta.
DB: ¿La ausencia Estatal, entendida no como la falta de representantes del Estado en las zonas sino como la inoperancia que han tenido, ha dejado una gran deuda en las regiones y ha generado desconfianza por parte de las comunidades, cómo se ve reflejado esto en la actualidad?
MPB: La ART justamente ha intentado generar confianza en las comunidades a través de la pequeña infraestructura comunitaria, es decir, empezar a llegar con cosas que sean visibles. Si hay que arreglar un puentecito que vale 80 millones, eso no da espera, hay que hacerlo, van a decir “si me arreglaron el puente, puede que algo más grande venga, pero si no me arreglan ni siquiera mi puentecito de 80 millones, pues yo que puedo esperar de los profesores que necesito que lleguen cuando deben llegar o el gran colegio que quiero”. Ese tipo de acciones, cuando las comunidades las ven y se ejecutan, generan mucha confianza en el Estado.
Yo creo que estamos en una transición, en los primeros dos primeros años decían “el Estado empezó a venir a preguntarme y yo no le creo” y ahora la gente está expectante. Este es un momento que puede ser un gran riesgo o una gran oportunidad porque si no pasa algo concreto en el territorio de llevar esa oferta que no es nada diferente a lo que la gente realmente necesita pues eso se va a caer, la confianza en el Estado otra vez va a retroceder, pero si esto se aprovecha y empieza a haber una ejecución y a cumplirse a las comunidades, se va a capitalizar mucho; si a la gente se le cumple empezando por lo pequeño, la ganancia va a ser impresionante. Ahí nosotros hemos buscado moderar la expectativa, porque depende de nosotros como se lleve el mensaje a los territorios.
DB: ¿Cuál debe ser el foco de atención que debe atender el Gobierno para lograr el posconflicto en los territorios?
Hay que impulsar con más fuerza los diálogos con las víctimas y generar una conciencia colectiva de que aquí no se trata de quien gana más, es tener un entendimiento territorial y es que se entienda que, si yo garantizo que todo esto llegue, el territorio se transforma, sus poblaciones se transforman y de esta forma se garantiza la no repetición del conflicto; que los procesos de reparación sean integrales y sostenibles. Se van a dignificar a las víctimas, pero también se va a reconocer al otro en el territorio. Para esto, es necesario volverse al territorio y entender el enfoque territorial, entender que yo no puedo hacer una norma u oferta universal y ponerla en el territorio, es verdad que dependemos de cómo funciona nuestro Estado, cómo son los sectores y cómo está dispuesta la oferta, pero no es excluyente el entendimiento de los territorios, de sus actores y de sus procesos organizativos.
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Cátedra Periodismo Esp. Conflicto
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