Por María José Sánchez Nieto // Noticia
Durante la pandemia, la industria webcam ha sido uno de los mayores sustitutos del trabajo sexual. A pesar de ello, detrás de esta industria se esconde un entramado de explotación sexual, por lo que muchas trabajadoras no han podido recurrir a ella como sustento económico en los últimos meses.
Las trabajadoras sexuales han sido uno de los grupos con mayores dificultades durante la pandemia. Necesitar el propio cuerpo para trabajar es un obstáculo en tiempos en que se busca el aislamiento, y, por lo tanto, algunas trabajadoras sexuales han empezado a utilizar la industria webcam como forma de sustento económico. Al inicio de la crisis, sin poder ejercer su trabajo ni tener ningún otro sustento, solo pudieron mantener el aislamiento obligatorio por pocos meses.
Carolina Calle, trabajadora sexual y directora de Calle 7, una organización que lucha por los derechos de este gremio, afirma que a los pocos meses fue necesario salir a protestar para pedir atención y ayuda a la Secretaría Distrital de la Mujer y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, Calle afirma que fueron pocas las ayudas que recibieron: “Cuando había una protesta, trataban de conseguirnos algunos mercados, pero cada vez eran menos”.
En consecuencia, muchas trabajadoras sexuales encontraron en la industria virtual una manera de ejercer su trabajo remotamente. Un estudio de la Universidad del Rosario afirma que en Colombia hay aproximadamente 50 000 personas trabajando como modelos webcam. Pero, aunque inicialmente esta industria podría considerarse una buena alternativa por sus altos ingresos, muchas trabajadoras sexuales rechazan este tipo de trabajo, pues se caracteriza por la explotación sexual.
Según Calle, quien también trabajó en la web años atrás, las trabajadoras deben cumplir con un horario laboral, hacer actividades sexuales que no desean hacer y pagar una suma de 50 000 pesos por cada día que no cumplan de trabajo; todo sin seguridad social. Además, reciben como pago una mínima parte del ingreso total que reciben la industria y sus jefes. Alba Studio, una empresa colombiana de modelos de este tipo, afirma en su blog que la empresa cobra el 50 % de las ganancias a las modelos. Calle, sin embargo, explica que eso depende de cada caso: aunque tiene compañeras que han ganado grandes cantidades de dinero (entre 4 y 6 millones mensuales), hay quienes reciben muy poco.
“El trabajo sexual a través de la webcam puede ser bueno cuando se hace por cuenta propia, pero para eso debemos tener un buen computador, una buena cámara y un buen internet”, explica, y añade que de lo contrario se tiende a caer en la explotación sexual por la falta de regulación en Colombia de las actividades sexuales virtuales. A finales de 2020, el senador Jónatan Tamayo, Manguito, propuso un proyecto de ley para regular este tipo de industrias y así evitar casos de explotación.
La industria tendría que cumplir con ciertos estándares de calidad para poder garantizar la salud y la dignidad de las trabajadoras. Además, los usuarios, tanto colombianos como extranjeros, tendrían que cumplir con la normatividad del gobierno colombiano para poder consumir este tipo de contenidos. El proyecto de ley del senador Tamayo también busca disminuir la tasa de menores de edad explotados en actividades sexuales.
Sin embargo, hasta ahora no se han reglamentado este tipo de actividades, lo que dificulta la situación de las trabajadoras sexuales independientes. Frente a las dificultades causadas por la pandemia, estas no tienen otra opción que seguir ejerciendo el mismo trabajo de antes, pero con menos clientela, que “se ha reducido en un 70 u 80 % comparado con los inicios de 2020”, explica Calle. Y añade: “Desde antes de la pandemia, el trabajo ya estaba complicado, pero con la pandemia el trabajo ha disminuido bastante”. Calle añade que las trabajadoras sexuales viven del ingreso diario que obtienen, y tanto el confinamiento como la falta de apoyo por parte de las autoridades han dificultado estos meses.
En diciembre de 2019, la Secretaría Distrital de la Mujer publicó un documento de una política pública que beneficiaría a quienes ejercen el trabajo sexual. Dicha apuesta busca reconocer y garantizar los derechos de estas personas, crear una institución para la protección de sus derechos, hacer campañas contra la discriminación y la estigmatización y asegurar las condiciones de seguridad y salubridad para este tipo de trabajo. A lo largo de 2020, la Secretaría de la Mujer publicó en Twitter acerca de varios eventos —como una campaña dirigida a la Policía de Bogotá y dedicada al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales— y actualizaciones concernientes a esta política pública.
Sin embargo, Calle afirma que tal política pública no se ha implementado; que han sido escasas las ayudas de la Secretaría Distrital de la Mujer y de la Alcaldía, y que a las trabajadoras sexuales sólo las tienen en cuenta cuando empiezan a hacer protestas y reclamar sus derechos. Sin sosiego, sin atención institucional y sin reglamentación de las actividades sexuales en modalidad virtual, como la webcam, las trabajadoras sexuales no encuentran una alternativa que pueda garantizarles sustento económico y el reconocimiento de sus derechos.
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