Por: Valentina León // Periodismo de conflicto
El rol de los terceros civiles reclutadores en las ejecuciones de los falsos positivos fue crucial. Y también es crucial su deber con la sociedad y, especialmente, con las víctimas de estos atroces actos que enlutaron a miles de familias: las víctimas esperan de parte de estos algo de verdad sobre lo que sucedió con sus seres queridos.
La muerte de Faír Leonardo Porras Bernal fue cantada cuando Dairo José Palomino, un soldado de la Brigada 15 del Batallón GR Francisco de Paula Santander, se contactó con el reclutador Énder Obeso Ocampo, alias Pique. El plan inició con una llamada a la casa de Porras el martes 8 de enero de 2008; Alexánder Carretero, vecino y dueño de la tienda Los Costeños, buscaba a Porras para que le ayudara a vender empanadas, como solía hacer. Faír Leonardo tenía 26 años y padecía de discapacidad física y mental. Su familia la componían su madre, Luz Marina Bernal; su padre, Carlos Faustino Porras; sus hermanas Dolly Caterine y Liz Caroline, y su hermano, John Smith, quien recibió la llamada. Aquella sería la última vez que lo verían con vida.
Al día siguiente, a las 10:15 p. m., un autobús Brasilia salió para Norte de Santander. Allí iban Carretero y Faír Leonardo, y su destino era Aguas Claras, en Ocaña, donde se encontrarían con Pedro Gámez. Se hospedaron en las residencias Santa Clara, y durante todo el día siguiente (es decir el 10 de enero) vieron televisión. Incluso ‘‘aprovecharon también para comprarle ropa. Todos los gastos los pagó Carretero’’ (Salinas, 2017, p. 12). Al día siguiente, a las 7:30 p. m., dejaron el hotel y partieron hacia Ábrego, a poco más de 20 kilómetros de Ocaña. Carretero iba con Faír Leonardo en una moto blanca, mientras que otra moto azul y una camioneta vinotinto estaban a la espera de Pedro Gámez y Uriel Ballesteros, alias Pocho. Ninguna de las motos tenía placas.
En medio de la carretera había un retén del ‘‘teniente Diego Aldaír Vargas Cortés, el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso y los soldados Carlos Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar’’ (Salinas, p. 12). Detuvieron la moto donde iba Faír y le pidieron sus documentos; pero como unas horas antes Carretero y Gámez se los habían quitado junto a su celular no pudo presentarlos. Así, los militares decidieron separarlo de Alexánder Carretero y sus otros acompañantes, y lo dejaron en un cultivo de tomate.
Un tiempo más tarde, entre las 2:00 y las 3:00 a. m., sonaron los disparos que acabaron con la vida de Faír Leonardo. En ese momento él pasó a ser el abatido jefe de una banda de narcotráfico y terrorismo, acribillado por los militares luego de haber hecho algunos disparos con el arma que tenía en su mano derecha (a pesar de que era zurdo). Por lo menos para el engaño de la Operación Soberanía (nombre de la misión contra las Águilas Negras donde había sido “abatido” Faír Leonardo), así había ocurrido.
Por más de 50 años, Colombia ha vivido un conflicto armado interno que ha dejado secuelas en los ámbitos económico, político, cultural y social. Este ha sido protagonizado por múltiples sujetos: tanto legales como al margen de la ley; unos con carácter político, y otros de ascendencia puramente criminal. Los más reconocidos han sido los actores directos: fuerzas armadas (militares y policías), guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y grupos armados organizados. Sin embargo, no han sido los únicos participantes de esta guerra. Este conflicto también contó con la actividad de terceros, definidos por Dejusticia (2020) como ‘‘aquellas personas naturales que no formaron parte de organizaciones o grupos armados, pero contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado interno”.
En el fenómeno de los llamados “falsos positivos” también participaron terceros: civiles que ejercieron el papel de reclutadores y trabajaron en alianza con los soldados de los batallones que planeaban y realizaban las ejecuciones extrajudiciales. En un artículo de La Oreja Roja, se describe el término “tercero civil reclutador” como ‘‘el nombre utilizado para designar a quien capta personas —generalmente con fines económicos— con el fin de pasarlas como víctimas en enfrentamientos armados entre organizaciones delincuenciales y las Fuerzas Militares, donde los captados pierden la vida”.
En una entrevista, Diana Salinas, periodista de Cuestión Pública y autora del artículo “Crímenes abyectos” (2017), destacó la importancia de dar a conocer el papel que desempeñaron estos terceros civiles reclutadores en los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Una de sus razones principales es que los falsos positivos nunca habrían ocurrido de la misma manera sin la participación de estos civiles. Es importante visibilizarlos y darlos a conocer, porque ellos sirvieron como puente de conexión. Los soldados no habrían podido contactar a estos jóvenes por el deber que tienen de permanecer en las instalaciones militares, y en caso de que así hubiera sido, no habrían tenido el tiempo suficiente para establecer una relación cercana y convencerlos de irse lejos.
¿Habría habido falsos positivos sin los reclutadores?
Cabe recordar que las ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por miembros de las fuerzas militares, con el fin de aumentar las cifras de bajas en combate para obtener los beneficios económicos y viáticos de la Directiva Ministerial 029 del 17 de noviembre de 2005. Esta determinaba ciertos precios por capturas o bajas en combate de jefes y otros miembros de organizaciones criminales y grupos armados al margen de la ley; además de información valiosa o artículos de valor/pertenencias que permitieran capturarlos. Por cada muerte, captura o artículo se pagaba un determinado precio. Por ejemplo, por la captura o muerte de un miembro común se pagaban hasta 3.815.000 pesos colombianos.
Y como cada misión de los reclutadores implicaba una inversión y debía ser reportada, los militares presentaban informes de inteligencia donde especificaban sus misiones y las razones para dirigirse a ciertos lugares. Así, se decía que en cierta zona (la seleccionada para cometer las ejecuciones extrajudiciales) los habitantes se quejaban por los robos de cultivos, los combates o cualquier otra razón que les permitiera intervenir. Enviaban el informe a rangos más altos y, una vez obtenida la aprobación, se contactaban con los reclutadores para confirmar el lugar y organizar la fecha y hora en las que se haría la entrega de los jóvenes reclutados.
Estos eran de estratos bajos, habitantes de calle y personas consideradas como “poco relevantes” para la sociedad, con el fin de pasar desapercibidos; así lo confirmó Alexánder Carretero en una de sus declaraciones por el caso de Faír Leonardo Porras. Casos así se dieron en múltiples ocasiones durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y si bien también ocurría antes, fue en este periodo presidencial cuando el fenómeno tuvo su auge. Entonces, en 2008 salió a la luz el caso de los jóvenes de Soacha: aproximadamente 190 muchachos fueron reclutados, llevados a Ocaña o a otros lugares lejanos, ejecutados por militares y presentados como bajas en combate.
Los terceros civiles reclutadores también recibían dinero de los cheques que se giraban bajo las promesas de la Directiva. De toda esta red criminal surgida en este fenómeno, los reclutadores eran quienes escogían a las víctimas y se relacionaban con ellas; establecían lazos y una relación de confianza. De esta manera, no levantaban sospechas y podían llevárselos a cualquier lugar lejano de sus viviendas para entregarlos a los militares que los habían solicitado, como si fueran mercancías.
La manera más recurrente de reclutar a los jóvenes fue el ofrecimiento de trabajos, tanto legales como ilegales, que los llevarían a tener una mejor calidad de vida y les daría la posibilidad de crecer económicamente. Como mencionan Ómar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva en el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, existían otras modalidades, como el ‘‘infiltra[miento de] las bandas criminales, [el] reclutamiento de paramilitares y guerrilleros desmovilizados, [la] alianza con grupos paramilitares; [la] detención arbitraria y desaparición, [la] presentación de víctimas del paramilitarismo como dados de baja por el ejército y [la presión] a los comandantes de grupos paramilitares”.
Otra alternativa para reclutar jóvenes era prometiendoles la libreta militar. En Colombia, los adolescentes mayores de 18 años que quieran trabajar deben contar con este documento, que para el 2008 tenía un precio aproximado de 69.000 pesos. Por lo tanto, como muchos jóvenes de Soacha no contaban con la estabilidad económica suficiente para pagar este precio y necesitaban trabajar, algunos reclutadores jugaron con esta necesidad y les vendieron el ideal de sacarles la libreta militar sin ningún precio; les decían que tenían un conocido en el ejército que podría ayudarlos con el procedimiento. Y como los jóvenes ya conocían a estas personas y habían establecido vínculos, se sentían confiados y accedían.
Para hacer de reclutadores, estas personas contactadas por el Ejército tenían ciertos perfiles que les permitían participar en estas ejecuciones. No cualquiera podía hacer parte de ello. Debían ser personas de confianza para los militares, que tuvieran contactos en barrios populares de estratos bajos y que pudieran acceder a los jóvenes y trasladarlos de un lugar a otro sin levantar sospechas. Por esto, la mayoría de los reclutadores eran familiares de los soldados y cabos, y en ocasiones delos tenientes y coroneles. Esta red criminal estaba basada en lazos familiares y de amistad fuertes, en gente de confianza con la que se pudiera tener contacto fácilmente.
Tres perfiles de reclutadores civiles
El primer caso es el de Alexánder Carretero, quien llegó a vivir a San Nicolás (Soacha) en 2005 junto a su esposa Edith del Carmen Palomino. Una vez allí, instalaron una tienda llamada Los Costeños. Durante los reclutamientos de las víctimas, esta tienda servía como el punto de encuentro de los reclutadores y para atraer a los muchachos. Un ejemplo de esto es el caso de Faír Leonardo, quien fuera cooptado por medio de propuestas laborales como vendedor de empanadas, así como lo hicieron con otros muchachos. A él lo convencieron de que le ayudarían a obtener la libreta militar para que pudiera conseguir un trabajo mejor.
Los otros reclutadores que trabajaban con Carretero eran Uriel Ballesteros, alias Pocho, y Ender Obeso Ocampo, alías Pique. Ambos eran primos de Edith Palomino, la esposa de Carretero, y esta, a su vez, era hermana del soldado de la Brigada 15, Dairo José Palomino, quien había llamado unos días antes a alias Pique para solicitar jóvenes como Faír Leonardo.
Carretero fue condenado a 44 años de prisión en 2017 por desaparición forzada y homicidio agravado, delitos cometidos en el marco del reclutamiento de jóvenes de Soacha en 2008. Según la Fiscalía, Carretero estaría implicado en el reclutamiento de por lo menos 14 jóvenes. En 2019, este presentó una solicitud ante la JEP para ser juzgado por la justicia transicional. Su caso demuestra cómo entre primos, hermanos y esposos lograron, durante algún tiempo, reclutar a jóvenes de Soacha bajo promesas falsas que al final terminaban con asesinatos, encubiertos por un vil montaje que pretendía evidenciar un combate entre las fuerzas militares y grupos armados al margen de la ley.
El segundo caso es el del caldense Luis Nolberto Serna, conocido como Pan de 10, Lucho o El Enano. En 2008 Serna tenía 43 años, solo había cursado hasta tercero de primaria y era un mecánico de autos. Su función fue reclutar jóvenes para el Batallón Pedro Nel Ospina y servir como su informante en el marco de las ejecuciones extrajudiciales; participó en el reclutamiento de por lo menos 7 jóvenes. Según La Silla Vacía, Serna engañó a su propio primo, Jorge Lotero, con una supuesta oferta laboral en la ciudad de Medellín. Lotero fue presentado como una baja en combate poco después.
Según documentos oficiales, los reclutamientos no los realizaba solamente Serna, sino que tenía otros compañeros. Estos eran José Román Oliveros Díaz, conocido como Román, y Henry de Jesús Gonzales Aguirre, alias Vaca. Los tres trabajaban de la mano en el reclutamiento de jóvenes de escasos recursos; los convencían, los llevaban hasta los puntos de encuentro con el ejército y, en algunas ocasiones, antes de dejarlos en manos del ejército, los emborrachaban para que no fueran conscientes de lo que iba a suceder.
Un artículo de La Oreja Roja recoge las declaraciones de Serna en el Tribunal Administrativo de Antioquia: ‘‘Llamé a Román para decirle que tenía a los cuatro muchachos y que viajaban en carro propio. De igual forma yo les había dicho que no había que llevar armas porque las armas las pondría el señor que iniciaba las “vueltas”, que es Román… De la “vuelta” que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate’.’ En este mismo artículo se declara que en 2008, cuando se conocieron estos hechos públicamente, los reclutadores empezaron a ser asesinados debido a la información que tenían sobre la forma como operaba toda esta red criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, Serna fue condenado a 24 años de prisión en 2016, por los delitos de homicidio de persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo y porte ilegal de armas de fuego de uso civil, en el contexto del reclutamiento de 9 jóvenes. Estos fueron Víctor Andrés Palacio Gamboa, Pablo Andrés Franco Herrón, Álvaro Hernán Díaz, Julián Andrés Arroyave Utima, Argiro de Jesús Montoya García, Edwin Andrés López Urueña, Carlos María Ramírez, José Luis García y Héctor de Jesús Grisales. Al igual que Carretero, Serna pidió un cupo en la JEP en el año 2018.
El tercer caso es el de Luis Jhon Castro Ramírez, conocido como El Zarco o El Mono. Desmovilizado del ELN, este participó como reclutador en los casos de Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbaya, José Yiner Enríquez, Nelson Vergara, José Never Ramos y Gerardo Moreno, presentados como bajas en combate por el Batallón Jaime Rooke, en Tolima, en febrero de 2008. Según un artículo de la Casa de la Mujer, ‘‘este hombre engañó a seis personas con una falsa promesa de dinero para que se trasladaran desde Cali a una zona rural de Ibagué”.
Un mes después, otro Batallón en Tolima presentó como bajas legítimas en la vereda Pringamosal, en el Guamo, a Jorge Armando Guevara Pérez y Ferney Tabares Cardona. Según los expedientes, estas dos víctimas también fueron reclutadas por Castro Ramírez. El 23 de junio de 2008 se cometió el homicidio de José Villa Pareja, César Alberto Grajales Cruz, Yesid Mauricio Giraldo Niño, Wílmar Antonio Zapata Vargas, Hernando Patiño Falla y Eduardo Zuluaga, quienes fueron reclutados por El Mono y engañados para que asistieran a la vereda Doyares Recristo, de Coyaima, en Tolima. Adicionalmente, en este artículo se menciona que Ramírez “actuó de la mano de Rubiel Bustos Escárraga, un sargento de inteligencia con quien inició su carrera como reclutador en Cali”.
Castro Ramírez conoció a Bustos Escárraga cuando le pidió ayuda a un amigo, que era militar, para encontrar a una persona que tenía deudas con la guerrilla. Lo conoció con el alias de Mauricio y, en unas declaraciones recogidas por la Casa de la Mujer, afirmó que Bustos le mencionó que ‘‘al momento de desmovilizarse quedaba a paz y salvo con el gobierno […], pero que para ingresar al programa tenía que colaborar mucho.’’ El 29 de abril de 2020, tras haberse fugado de Colombia en 2018, Castro Ramírez fue capturado en España. Se está a la espera de su extradición, que ya ha sido aprobada, pero que por la pandemia del coronavirus no se ha podido realizar.
En general, al hablar de “falsos positivos”, se hace énfasis tanto en las víctimas como en los militares, pero los intermediarios que permitieron el desarrollo de estas ejecuciones extrajudiciales no han tenido tanta visibilidad. Esto perjudica a las víctimas, porque se están quedando sin una parte de la verdad de aquellos que poseen información para completar el panorama de los casos. Esto ya lo han demostrado Carretero y Castro en sus declaraciones: gracias a sus testimonios, se pudo condenar a varios militares implicados. Así lo aseguró Diana Salinas, que afirmó que el caso de Faír Leonardo se pudo juzgar hasta las últimas instancias gracias a la colaboración de Carretero.
Para que no haya repetición de estos hechos hay que contarlos, hablar sobre lo trágicos que fueron y la manera en que se cometieron; ignorarlos solo nos estaría condenando a vivir nuevamente en una sociedad donde los jóvenes desaparecen y mueren a manos de aquellos que deberían brindar seguridad. Para que haya una verdad y justicia por las víctimas, no hay que olvidar, entonces, a los reclutadores civiles. Y, sobre todo, no hay que olvidar ni dejar de lado un fenómeno tan espeluznante como los falsos positivos, que hasta el día de hoy sigue dejando secuelas en las familias de las víctimas.